Historia Del País Vasco (27 page)

La prosperidad desarrollista acentuó un proceso iniciado en la postguerra, la acomodación de amplios sectores de la sociedad vasca al franquismo. Llámese indiferencia política o adaptación a las circunstancias, la apatía de la mayoría silenciosa ayudó a sostener el régimen. Hubo apoyos expresos al dictador, pero también la avenencia no explícita de quienes se enriquecían, de capas medias urbanas… Si bien la represión y el control de los medios de comunicación contribuyeron a la desmovilización, se dio también una adaptación al orden social del régimen, al margen de que los partidos antifranquistas justificaran sus fracasos por la actuación policial.

El crecimiento económico y los nacientes desequilibrios creaban nuevas condiciones sociales, para las que no siempre encontraron respuesta los partidos de la república, anclados en dinámicas que se quedaban desfasadas, con sentido en la postguerra, pero que no valían para las generaciones formadas durante el franquismo, cuyo nivel de vida mejoraba. Contribuyó a ello el exilio de sus dirigentes, con un conocimiento superficial de las nuevas realidades. Fue el caso de los socialistas, que permanecieron aferrados a los viejos esquemas, agudizándose la separación entre la militancia del interior y la dirección exterior. Sucedió lo mismo con los republicanos, casi sin presencia interior. Sí se adaptó a las nuevas circunstancias el Partido Comunista, cuya implantación comenzó a crecer.

Impulsó Comisiones Obreras, que participaría en las principales movilizaciones obreras yen 1966 asaltaría con éxito el sindicato vertical.

La evolución del nacionalismo fue más compleja. El PNV había subordinado su estrategia a una intervención exterior y relegado la creación de estructuras activas interiores, aunque no faltaron acciones que demostraban la existencia de una resistencia vasca. En este contexto surgió en 1959 un nuevo grupo nacionalista, Euskadi ta Askatasuna, ETA, que reclamaba mayor activismo. Se convertiría en el grupo antifranquista con más resonancia pública. Era una escisión de EGI del grupo Ekin, un movimiento nacido en 1952 que se integró en la organización juvenil del PNV y cuyas relaciones con la dirección del partido se habían hecho difíciles.

El PC, cuya implantación comenzó a crecer, impulsó Comisiones Obreras, que participarían en las principales movilizaciones obreras y en 1966 asaltarían con éxito el sindicato vertical. En la foto, Dolores Ibárruri.

Cruce de caminos. Manifestantes contra la muerte de un miembro de ETA se cruzan con un jeep del ejército con soldados de reemplazo.

ETA elaboró pronto una nueva estrategia, más activa que la del PNV, al tiempo que redescubría el nacionalismo sabiniano. A las pintadas y colocación de ikurriñas siguieron en 1961 los primeros explosivos y el intento fallido de descarrilar un tren de excombatientes franquistas. En los años siguientes comenzó a teorizar la vía guerrillera, bajo la seducción de los movimientos de liberación nacional de Cuba, Argelia e Israel. Hacia 1964, traduciendo el impacto de los cambios sociales, ETA se alejaba del nacionalismo tradicional, formulando un nacionalismo
de los trabajadores.

En 1966 se celebró la V Asamblea de ETA. Triunfaron los partidarios de la lucha armada, que se definían como marxistas y abertzales radicales. Defendían un modelo tercermundista y estimaban que la liberación de los vascos exigía construir una sociedad socialista en Euskadi. Conforme al principio de la espiral acción represión acción se determinó acometer acciones armadas. ETA, definida como «movimiento vasco de liberación nacional», lanzaba la idea de un Frente Nacional, acorde con su concepción de Euskadi como colonia, e intentaba penetrar en el movimiento obrero. La muerte de Etxebarrieta en 1968 empujó definitivamente a ETA hacia la vía armada: replicó dando muerte al comisario de policía Melitón Manzanas.

Por entonces adquirían fuerza otras contestaciones al régimen. Aun siendo actitudes sectoriales, crearon, junto a ETA, una notable efervescencia política. Para el régimen resultó particularmente grave la evolución de la Iglesia vasca, pues la religión constituía una de sus bazas ideológicas. Parte del clero vasco, nacionalista, disentía de la jerarquía. 339 clérigos denunciaban en 1960 la «persecución de las características étnicas, lingüísticas y sociales» vascas. Pronto a las posiciones nacionalistas se sumaron las sociales, tras el giro de la Iglesia durante el papado de Juan XXIII. Las organizaciones cristianas de base (HOAC, JOC, HARC), con éxito en los barrios obreros, representaban la nueva actitud.

Al negarse la jerarquía al diálogo la contestación del clero vasco se convirtió en abierta oposición política antifranquista. Hubo sacerdotes que colaboraron en CC.OO. o que participaron en ETA. La tensión entre jerarquía y clero se reflejó en ocupaciones del obispado, detenciones, multas. Hasta se habilitó en 1968 una cárcel especial para religiosos, en Zamora. Hacia 1971 la jerarquía vasca adoptó una actitud más abierta. El nuevo obispo de Bilbao, Añoveros, protagonizaría en 1974 un sonado enfrentamiento con el régimen. Una homilía le valió la amenaza de expulsión, por atacar la unidad nacional.

La evolución obrera fue otra fisura del régimen. La conflictividad laboral se hizo crónica a medida que se consolidó el crecimiento económico. Nació un nuevo movimiento obrero, que creaba sus propias normas de actuación, adaptada a las condiciones de un régimen antidemocrático. Conforme a una ley de 1958 los salarios se fijaban con negociaciones dentro del Sindicato Vertical entre empresarios y trabajadores. A menudo los convenios colectivos aumentaban salarios a cambio de mayor productividad, situada en límites exhaustivos y conseguida sin modernizar equipos ya obsoletos. El procedimiento motivó plantes obreros. En 1962 estallaron múltiples huelgas, contestadas con despidos y el estado de excepción en Bizkaia y Gipuzkoa, además de en Asturias. Consiguieron romper la congelación salarial iniciada en 1957. Durante las huelgas comisiones de obreros cubrieron el vacío dejado por los sindicatos tradicionales.

El nuevo movimiento obrero se consolidó los años siguientes. La huelga de
Bandas de Laminación de Echévarri
de 1966-67, que duró 163 días, la más larga del franquismo, desató la declaración del estado de excepción y encarcelamientos y destierros. Entre 1967 y 1972 se contabilizaban más de mil huelgas en Gipuzkoa y Bizkaia y los trabajadores de Michelín consiguieron en el 72 extender su movimiento a toda Vitoria. La conflictividad se desbordó: hubo 300 huelgas en 1973 y más de 1.000 en 1974. Abundaron las huelgas con motivaciones políticas.

En diciembre de 1970 tuvo lugar el Proceso de Burgos. Un tribunal juzgó a 15 dirigentes de ETA. El Gobierno español quiso convertir el Consejo de Guerra en un escarmiento político. Resultó fatal para el régimen, por la movilización de la opinión pública mundial y la popularidad que adquirió ETA. En toda España se propagaron movilizaciones contra la represión franquista. La sentencia fue una severísima condena, con seis condenados a muerte. No se ejecutaron, ante la presión internacional y la contestación interior.

Pese a la escisión de ETA VI (que se fragmentaría en varios grupos izquierdistas), de 1972, quienes seguían fieles a la V Asamblea iniciaron un despegue espectacular, en activismo y en militancia. Concluyó esta fase en el asesinato de Carrero Blanco, presidente del Gobierno (diciembre de 1973). Se acercaba el final del régimen, y surgía la escisión entre ETA militar y ETA político-militar, que discrepaban sobre la función de la lucha armada y su articulación con la lucha popular. ETA-pm mantenía los esquemas insurreccionales, mientras ETA-m no consideraba conveniente, como grupo armado, participar en acciones de masas. En 1975 el Gobierno respondió a la intensa actividad de ambos grupos con un estado de excepción y la Ley Antiterrorista. En septiembre las movilizaciones no consiguieron salvar la vida de Paredes Manot (Txiki) y Angel Otaegui, fusilados el día 27. Dos meses después moría el dictador.

La efervescencia política se intensificó en 1976, con conflictos como el que provocó la actuación policial en Vitoria-Gasteiz al reprimir una concentración obrera, con resultado de varios muertos. El impacto de la crisis económica internacional iniciada en 1973 coincidió con la transición. La agravaron factores locales, como el terrorismo, con acciones contra empresarios que desanimarían la inversión, o la lentitud con la que la afrontaron los partidos, por entonces más preocupados por cuestiones políticas que por encarar los problemas económicos, de difícil e impopular solución. Repercutió sobre todo en sectores tradicionales como el siderúrgico o el naval, bases de la industria vasca. Pronto comenzó la escalada del paro.

En diciembre de 1976 se aprobó en referéndum la Ley de Reforma Política. La apoyó casi la mitad del electorado vasco (el 49 % del censo). Pese a las iniciales reticencias de la oposición antifranquista, que llamó a la abstención, condujo a las primeras elecciones democráticas, las de junio del 77. El partido más votado fue el PNV (281.000 votos, el 28 % del total).

En la elaboración de la Constitución de 1978, basada en el consenso de los principales grupos políticos, colaboró el PNV, que finalmente decidió abstenerse, alegando que se ignoraban los derechos históricos del pueblo vasco. En el referéndum constitucional la abstención del País Vasco (56,2 % en Gipuzkoa, 55,3 % en Bizkaia y 45,8 % en Álava) superó a la participación.

La Constitución diseñó un Estado de las Autonomías que permitió la promulgación del Estatuto de Gernika, llamado así por el lugar donde se aprobó el proyecto. Fue negociado por Suárez, presidente del Gobierno, y Garaikoetxea, líder del PNV y tras las elecciones de marzo de 1979 (en las que subió el PNV y bajaron UCD y PSOE) presidente del Consejo General Vasco que formaban los parlamentarios. El estatuto permitía un elevado autogobierno, con una autonomía financiada por los Conciertos Económicos, restablecidos para Bizkaia y Gipuzkoa en 1977. Navarra quedó fuera de la autonomía vasca: el escaso eco nacionalista en Navarra pesó en la decisión.

El Estatuto de Autonomía consiguió un consenso mayoritario. Fue aprobado en referéndum en octubre de 1979. Votó el 59,77 % y en las tres provincias ganó el sí, en total un 90,3 % de los votantes (el 54 % del censo). Se opuso Herri Batasuna, la coalición formada en 1978 por grupos nacidos en el entorno de ETA-m, que mantuvieron su oposición al sistema. ETA-pm, por contra, propició la formación de Euskadiko Ezkerra y desapareció en 1981.

Las elecciones al primer Parlamento Vasco, en 1980, las ganó el PNV. Triunfó en las tres provincias, con 340.000 votos (el 36 %). No obtenía la mayoría absoluta, pero podía gobernar en solitario, por el retraimiento parlamentario de HB. El PNV tenía así su oportunidad histórica de construir una autonomía vasca en tiempo de paz. Intentó los años siguientes desarrollar su proyecto de comunidad vasca. Sus símbolos se convirtieron en los del País Vasco y promovió una completa estructura política, que incluía una televisión, una policía, medidas que buscaban la euskaldunización, etc.

En la transferencia de competencias UCD siguió una política cicatera. Quiso en 1981 (en colaboración con el PSOE, en la marea revisionista que siguió al fracasado golpe de estado de Tejero) enmendar las autonomías con la LOAPA, finalmente declarada anticonstitucional.

La victoria socialista de 1982 —en el País Vasco el PSOE igualó en representación al PNV— abrió nuevas circunstancias políticas. Se realizaron nuevas transferencias y se inició una nueva política económica. El PSOE optó por acelerar la reconversión industrial. Resultó conflictiva. Sus críticos, aun reconociendo la necesidad de modernizar el aparato productivo, la tacharon de mecanicista, sin que se impulsase de forma suficiente el empleo alternativo. A fines de 1984 (cuando se daban por concluidas las principales medidas reconversoras) apenas se había acometido la reindustrialización. En medio quedaba una larga secuela de tensiones, como los enfrentamientos entre trabajadores y policía en los astilleros Euzkalduna de Bilbao.

Por lo demás, en la gestión económica se subordinaron todas las medidas al objetivo de controlar los precios. La política de ajuste fue, en general, admitida por sindicatos y patronales entre 1983 y 1986. A corto plazo los efectos de la política monetarista fueron limitados. De forma lenta se contuvo la inflación, pero continuaba la destrucción de empleo.