Rojas: Las mujeres republicanas en la Guerra Civil (39 page)

   La definición de prostituta es una construcción histórica. Además, en épocas revolucionarias, las personas pueden verse afectadas por las transformaciones que presencian y experimentan giros políticos. A pesar de los cambios en la experiencia colectiva de las prostitutas durante la guerra, lo importante es la persistente repetición del discurso sobre la prostitución en este contexto específico de guerra de trincheras y cambio revolucionario. A las prostitutas se les seguía retratando como a unas pervertidas inmutables y una amenaza para el nuevo orden social. Las ideas revolucionarias todavía las catalogaban como especies vicios sujetas a control social para mantenerlas alejadas de las mujeres “respetables”. Algunas intentaron redefinir su situación como milicianas; sin embargo, no lograron que las calificaran como otra cosa que putas. El cambio de las circunstancias revolucionarias no hizo nada por cuestionar las definiciones tradicionales del delito sexual femenino o la estigmatización social de estas mujeres.

   La propuesta innovadora de los liberatorios no fue suficiente para cambiar la mentalidad global, la conducta de género y los patrones sexuales de los hombres españoles. De ahí que las ideas revolucionarias se enterraran bajo una confusión de conceptos patriarcales tradicionales sobre la sexualidad y la conducta masculinas, que permanecieron invariables a pesar de la revolución y las iniciativas rupturistas de las mujeres.

   La Generalitat de Cataluña legalizó el aborto en las provincias catalanas en diciembre de 1936. El derecho sobre la “Interrupción Artificial del Embarazo”, de 25 de diciembre de 1936, regulaba el aborto y autorizaba su práctica en “hospitales, clínicas e instituciones sanitarias pertenecientes a la Generalitat de Cataluña en los cuales se habían creado servicios especiales a este efecto”
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. Para febrero de 1937, se habían constituido servicios dedicados al aborto en cuatro centros médicos de Barcelona y en cuatro hospitales regionales de otras zonas de Cataluña.
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Por primera vez en España se reguló esta práctica legal.

   La Unión Soviética había sido el primer país europeo en legalizar el aborto en 1920, si bien posteriormente, en 1936, introdujo una ley más restrictiva. A finales de los años treinta, también lo hicieron los países escandinavos: Finlandia en 1934, seguida de Suecia (1938) y Dinamarca (1939).
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Cataluña sobresalió en Europa occidental por lo avanzado de su legislación en este tema. Esta iniciativa fue aún más sorprendente al tener lugar en un país conocido tradicionalmente por su conservadurismo. Sin embargo, las circunstancias revolucionarias de la Guerra Civil impulsaron los cambios sociales por iniciativa de los anarquistas quienes situaron la reforma del aborto entre las prioridades de su programa.

   El aborto ya había aparecido en España como problema social a comienzos del siglo XX,
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cuando salió a la luz pública en una fuerte polémica que se centró no sólo en sus repercusiones morales e ideológicas sino también en las consecuencias sanitarias de su práctica generalizada.
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Varios médicos y abogados habían justificado entonces la práctica del aborto terapéutico si la salud de la madre corría grave peligro. En este debate, sólo éste se consideraba legítimo y muchos de estos profesionales hacían una distinción precisa entre el aborto criminal y el terapéutico.

   A pesar de las objeciones de los colegas más conservadores, una pequeña minoría de abogados y médicos, muchos de los cuales estaban relacionados con el movimiento de reforma social eugénica, creían en la legitimidad del aborto terapéutico realizado por médicos especializados. Sus argumentos se basaban en una reinterpretación del Código Penal español, la jurisprudencia y las pruebas médicas.
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Dada la omnipresencia de la Iglesia Católica y de la ideología conservadora en España, es verdaderamente sorprendente que en los años veinte algunos médicos y abogados muy conocidos, progresistas y liberales, apoyaran el aborto terapéutico voluntario. Aún más significativo resulta que a comienzos de los años treinta se llegara a aceptar públicamente como legítimo el aborto terapéutico en conferencias celebradas en foros tan tradicionales y prestigiosos como la Academia Nacional de Medicina.
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   La discusión pública sobre el problema del aborto ha tenido siempre una clara definición de género. Las mujeres siempre habían guardado silencio en este debate que estaba restringido a los profesionales varones y al clero. De modo que a pesar de que el aborto era esencialmente una cuestión femenina porque suponía el control de las capacidades reproductoras de las mujeres mediante la terminación del embarazo, las españolas de principios del siglo XX no lo abordaron como problema público. ¿Por qué no fueron capaces las mujeres de hacer una oposición sostenida al monopolio masculino de la discusión pública de este problema? Las mujeres estaban ausentes del debate público sobre diversos problemas como el control de la natalidad y el aborto porque el discurso de la domesticidad y la separación de las esferas pública y privada hacían muy difícil que lograran una representación en el ámbito público. Las normas de conducta social estimaban que toda participación femenina sobre cualquier tema en un debate público transgredía las reglas de conducta de género establecidas, de modo que muy pocas mujeres cuestionaban el monopolio masculino del ámbito público. Las mujeres que participaban en los foros públicos pertenecían a una elite minoritaria y, desde luego, no eran representativas de las españolas como colectivo. En una sociedad conservadora en la que la Iglesia Católica era una institución social omnipresente cuya misión era salvaguardar los valores morales tradicionales, toda discusión sobre sexualidad y cuestiones reproductivas conllevaba un enorme estigma. Eran temas tabú, moralmente inadmisibles y, por lo tanto, no los discutían los hombres en general y menos aún las mujeres. Las que se ajustaban a los criterios de género no podían debatir en público ningún tema ni mucho menos cuestiones tan escandalosas como el aborto. No se consideraba adecuado que las mujeres mostraran signos de interés por estos asuntos, pues esto se juzgaba indignante y un signo de lascivia, promiscuidad o indecencia. Incluso en privado, con sus propios maridos, las mujeres no solían discutir abiertamente cuestiones de sexualidad o de reproducción porque los varones consideraban que todo interés o conocimiento en este campo era amenazador, signo de moralidad dudosa o deseos antinaturales.
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A las mujeres se les representaba como asexuales, etéreas, seres inocentes, los “ángeles del hogar”, de modo que prácticamente ninguna mujer que suscribiera los valores culturales dominantes y las pautas de conducta de género se atrevería nunca a debatir en público cualquiera de estas cuestiones y tal vez ni siquiera en privado. Tal participación podría provocar obviamente el ostracismo social y, seguramente, el rechazo masculino, de modo que encontramos muy pocas mujeres que discutieran públicamente sus derechos reproductivos y su visión de la sexualidad o del control de natalidad. Su aislamiento era aún más acentuado porque no había organizaciones femeninas que abordaran este debate. Y dada la cantidad sumamente reducida de mujeres médicos,
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no existían agrupaciones femeninas de profesionales de la medicina que pudieran haber justificado su interés siquiera en el terreno profesional.

   El silencio de las mujeres sobre el tema del aborto se debía a las restricciones de género y las inhibiciones morales y religiosas. Pero había también otra razón: el predominio de las ideas patriarcales tradicionales sobre la mujer. La definición de la identidad femenina a través de la maternidad y la domesticidad era todavía, en esencia, un valor cultural indiscutible. De modo que habría sido difícil que las mujeres articularan un debate público sobre los derechos reproductivos que las disociara de su rol principal como madres y reproductoras de la especie. Cuando poco a poco estos temas se llegaron a considerar adecuados para el debate público, no fue un interés por los derechos reproductivos de la mujer o su autodeterminación los que los generaron, sino más bien la preocupación por las elevadas tasas de mortalidad, la higiene, la eugenesia, la salud pública o, incluso, el cambio social. Durante este período, el punto de vista de las mujeres estaba ausente de las discusiones sobre el aborto. Esta omisión, junto al silencio femenino, hace difícil determinar cuál era entonces en España el peso específico del género tanto en el debate como en la práctica real del aborto. Además, las discusiones públicas sobre el aborto eran más perceptibles que su práctica real.

   Los datos apuntan a la existencia de dos canales distintos para abordar esta cuestión en la sociedad española durante de los años veinte y treinta. El primero y más patente era el interés público de los profesionales varones que se ha mencionado antes; el segundo, la práctica privada, silenciosa, femenina y pragmática del aborto. Estos dos canales no se cruzaban sino que se desarrollaban por sendas de planteamientos y prácticas diferentes. Uno pertenecía al ámbito profesional de las autoridades sanitarias públicas, al movimiento eugénico y a las profesiones médica y legal; el otro, al dominio de la cultura clandestina, las redes femeninas y la complicidad silenciosa.

   Las mujeres abortaban pero no discutían públicamente las consecuencias éticas, morales o médicas del aborto; era la elite profesional quien lo hacía y quien lo sacó a la luz pública como un problema social. Además, hasta su legalización en Cataluña en diciembre de 1936, no sólo había sido condenado moral y religiosamente, sino también perseguido legalmente. Su práctica era clandestina e ilegal. Las redes femeninas difundían información sobre abortivos, remedios caseros, direcciones de practicantes y apoyos materiales y morales. La mayoría de los practicantes eran mujeres, comadronas o “parteras”, a quienes consultaban las mujeres cuando querían asistencia médica de personas ajenas a su entorno. Así, la práctica del aborto tenía una especificidad de género decisiva, que incluía la experiencia de las mujeres, teniendo también connotaciones de clase, ya que era un fenómeno social en el que mayoritariamente intervenían las obreras. Además, es posible que, durante la Guerra Civil, el fracaso en Cataluña de los servicios destinados al aborto legalizado y la inhibición de las mujeres a utilizarlos resida en la falta de presencia femenina en el desarrollo de los programas políticos y los servicios sanitarios públicos relacionados con aquél.

   La legalización del aborto en Cataluña en 1936 no fue el resultado de la creciente normalización del aborto terapéutico que había tenido lugar desde finales del siglo.
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Antes bien, fue una iniciativa anarquista que debe entenderse en el marco del movimiento libertario a favor de la reforma sexual y del contexto sociopolítico específico de la doble estrategia de guerra antifascista y lucha revolucionaria durante la Guerra Civil. En 1936, esta cuestión se abordó desde una perspectiva social y de clase muy diferente de las anteriores discusiones médicas sobre la legitimidad del aborto terapéutico. Aunque algunos de los escritores y colaboradores anarquistas más asiduos al debate sobre temas de reproducción eran médicos, pretendían adoptar una actitud no profesional. De acuerdo con su talante anarquista, defendían la autogestión reproductiva y ofrecían información y asesoramiento sobre cuestiones médicas, higiénicas y sexuales como medio de lograr el desarrollo total del potencial humano, un viejo ideal anarquista. Su identificación con la clase obrera y se dirigían principalmente a ella.

   A finales de los años veinte, los reformadores sexuales anarquistas introdujeron los temas reproductivos dentro de su estrategia global a favor del cambio social. De modo que, en una progresión lógica, una vez alcanzado el poder en 1936 y en situación de dirigir la política sanitaria pública, también se aplicaron a las cuestiones de la reproducción. Para el pequeño núcleo de reformadores sexuales anarquistas, las estrategias destinadas a la transformación social suponían también el desarrollo de los derechos en este campo.

   Históricamente, la política anarquista de reproducción no se había centrado en el aborto sino más bien en el control de la natalidad,
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constituyendo aquél siempre un aspecto marginal de la reforma sexual anarquista y las políticas sobre el control de natalidad. Las estrategias reproductivas se apoyaban en el uso de anticonceptivos como método para llegar a cabo la planificación familiar, en tanto que el aborto nunca se contempló ese aspecto. Los anarquistas pensaban que la información sobre el control de la natalidad eliminaría la necesidad del aborto, de modo que se concentraron en difundirla. No obstante, no ignoraban la realidad social del aborto clandestino y, aunque no lo excusaban, se llegó a aceptar como una estrategia de resistencia de la clase obrera para evitar mayores problemas familiares económicos y sanitarios.

   La legislación del aborto de 1936 representaba, en gran medida, una confirmación del proyecto anarquista para proporcionar servicios de planificación familiar y sanitarios en el nuevo clima de cambio social, de modo que hay que contemplarlo teniendo en cuenta las circunstancias de las innovadoras políticas sanitarias del gobierno catalán y el desarrollo de unas nuevas estrategias económicas y revolucionarias en todo el país.
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La figura clave en el desarrollo de la nueva política sobre el aborto fue el doctor Félix Martí Ibáñez,
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uno de los organizadores más destacados del movimiento anarquista de reforma sexual. Como director general de Sanidad y Asistencia Social de la Generalitat de Cataluña, patrocinó una política sanitaria para satisfacer las necesidades populares en los ámbitos de la medicina social y preventiva.
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La reforma eugénica era una parte importante de las políticas globales de reestructuración de la sanidad pública y la asistencia social. Esta reforma puso especial interés en el cuidado de las mujeres y los niños de clase obrera y se centró en la reforma sexual, el control de la natalidad, la asistencia maternal y la prostitución.
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La ley del aborto formaba parte de la política global de reforma eugénica.