Historia Del País Vasco (19 page)

Las prácticas caciquiles decidían los resultados electorales, que no reflejaban la voluntad popular. El Rey Alfonso XIII en Las Arenas.

El régimen se asentaba en el turno entre los dos partidos dinásticos, liberal y conservador, que alternaban en el poder. Los caciques locales se encargaban de obtener los resultados previstos por el Gobierno, falseando las elecciones, un funcionamiento que no cambió tras la instauración del sufragio universal (masculino) en 1891. En el País Vasco este peculiar sistema político tuvo una dinámica propia. Se introdujo el sistema caciquil y la corrupción electoral, pero por lo común las oligarquías locales se sobrepusieron a las orientaciones del Gobierno.

Este funcionamiento autónomo se debió en Álava y Gipuzkoa a la debilidad del liberalismo, que tenía que competir con el tradicionalismo. No pudo imponerse el turno de partidos, pues con frecuencia tenían que coaligarse liberales con planteamientos encontrados. En Bizkaia dominaron los liberales, pero tampoco se introdujo el sistema de partidos turnantes. Durante los años 80 sólo tuvo acogida el partido liberal, por el desprestigio del conservador, al que se responsabilizaba de la abolición foral. Después, el grupo hegemónico, la oligarquía minera, pasó en bloque al partido de Cánovas, porque defendía el proteccionismo. Se situó así al margen del turismo, a lo que colaboró su deseo de asegurarse el control de la provincia.

Los partidos del período (fuesen liberales o tradicionalistas) carecían de una organización estable y de programas definidos. Eran agrupaciones de notables, que juntaban sus redes de influencias en las elecciones.

Las prácticas caciquiles decidían los resultados electorales, que no reflejaban la voluntad popular. En el País Vasco arraigó tempranamente la compra de votos, sobre todo en Bizkaia, aunque también tuvo importancia en Vitoria y se llevó a cabo en Gipuzkoa. Desde de 1891, en todas las elecciones se compraron votos, una corrupción que quizás indicaba cierta conciencia política, pues al menos el elector daba un precio a su voto. A veces el dominio del cacique duró una gran período. Casos extremos los representaron el dominio de los Urquijo sobre el distrito de Amurrio, el de los Gandarias en Gernika o el de Joaquín Arteaga en Zumaya. Mantuvieron sus actas de diputados sucesivas elecciones.

La lentitud de la modernización de Gipuzkoa y su ausencia en Álava explican que en ambas provincias el principal antagonismo del período enfrentase a tradicionalistas y liberales, como en las décadas anteriores.

En el carlismo desaparecían las invocaciones al Rey, pues Carlos VII se había desprestigiado durante la guerra antes sus seguidores. Los ejes de la propaganda fueron unos fueros vinculados a concepciones ultracatólicas y la defensa de la influencia de la Iglesia en la política.

En 1888 el carlismo sufrió una escisión, encabezada por Ramón Nocedal. Acusaba a Carlos VII de liberal. El Pretendiente apoyaba un partido más abierto para actuar más en la esfera política que en la religiosa. Surgió un nuevo grupo, el integrista, que se desvinculaba del pleito dinástico y afirmaba defender la verdad católica íntegra: combatir la secularización de la sociedad y recristianizarla eran sus objetivos. Perdían el proyecto de Estado carlista y afirmaban que sólo hacia falta el reinado social de Jesucristo.
Cristo Rey
fue su divisa. No despertó en el País Vasco las adhesiones populares del carlismo, pero influyó en las élites intelectuales y en el clero fiel al tradicionalismo ultrarreligioso. La prensa carlista, carmelitas y jesuitas participaron del integrismo.

También los liberales de Álava y de Gipuzkoa permanecieron anclados en sus anteriores bases doctrinales. Componían un grupo heterogéneo, con escasa penetración fuera de las capitales y algunas medianas poblaciones. Se vieron seriamente afectados por el resultado de la guerra. El fin de los fueros desconcertó a quienes tenían en el fuerismo una de sus referencias. Fragmentados en conservadores, liberales y republicanos de diversas tendencias, su unión no era fácil, pues sólo compartían su anticarlismo.

En Álava y Gipuzkoa durante el último cuarto del siglo el tradicionalismo pudo captar cuotas del poder local y provincial y representaciones en Cortes. Ahora bien, su presencia disminuía según se ascendía en la escala política. Controlaban los municipios de amplias áreas, y alguna vez hasta el de Vitoria, pero su participación en el poder provincial era sustancialmente menor, aunque algunos años tuvieron la mayoría de la Diputación de Gipuzkoa, y excepcionalmente de la alavesa; la captación tradicionalista de actas en Cortes disminuía considerablemente.

Los tradicionalistas dominaban algunos distritos. No se les escaparon casi nunca los de Tolosa y Azpeitia. Los liberales, por contra, controlaban los de San Sebastián e Irún y Amurrio. Los distritos de Bergara, Zumaya, Laguardia y Vitoria, en cambio, se los disputaban los dos sectores políticos.

En Bizkaia el liberalismo dinástico se hizo con el control político. Y hacia 1890 la nueva burguesía industrial captó las representaciones en Cortes y controló los principales ayuntamientos y la Diputación. No confiaron la defensa de sus intereses a políticos profesionales, sino que ellos mismos estuvieron en las Cortes. Lo explica la importancia que para el desarrollo empresarial tenían los centros de decisión de Madrid y la búsqueda de reconocimiento social por los
nuevos ricos.

El comercio, y después la industria, hicieron que en Bilbao hubiese una importante colonia extranjera. De ello es muestra el cementerio protestante, que también se llamó Cementerio Británico, en lo que hoy se conoce como Campa de los Ingleses. La imagen es de 1874.

Inició este cambio político Víctor Chávarri, diputado por Valmaseda ya en las elecciones de 1886. Desde las siguientes, en 1891, fue habitual la presencia de grandes empresarios en las elecciones a Cortes. Esta hegemonía política de la oligarquía se reprodujo en el nivel provincial. Chávarri fue en esto la personalidad con mayor influencia: a veces se identificaba a diputados provinciales como
chavarristas,
sin más precisiones.

En Bilbao la numerosa población y la presencia de tradicionalistas, republicanos, socialistas, nacionalistas o fueristas dificultaban el dominio de las redes caciquiles del liberalismo dinástico. Fue el origen de
La Piña,
como se conoció a la Unión Liberal promovida por Chávarri, formada para impedir disputas entre liberales y preparar las elecciones municipales de 1897. Se repitieron sucesivas veces iniciativas similares.
La Piña
simbolizó el control caciquil del sufragio y la hegemonía de la gran burguesía vizcaína.

Al acabar el siglo nacionalistas y socialistas participaban ya en las elecciones, pero sin grandes éxitos. Estos dos movimientos y las nuevas opciones ideológicas de la burguesía vizcaína transformarían en algunas décadas el panorama político del País Vasco.

Entre las novedades ideológicas de fines del XIX se cuenta la aparición del proteccionismo, que arrastró desde 1891 a casi toda la burguesía vizcaína. Quería aranceles que desanimasen la importación. La toma de postura nacía de los intereses siderúrgicos y llevó a la burguesía vizcaína a integrarse en un movimiento de alcance nacional, junto a catalanes, andaluces, asturianos y madrileños. Sus argumentos anticipaban las líneas de un naciente nacionalismo español, al grito de
«España para los españoles. ¡Viva el trabajo nacional!».
El proteccionismo fue así el puente ideológico con el que la burguesía liberal vasca vadeó la distancia entre su fuerismo del siglo XIX y los postulados centralistas del XX.

La reorientación de las siderurgias hacia el mercado español a fines de los años 80 generalizó en los grupos burgueses estas convicciones. Además, nacieron en Bizkaia diversas metalurgias, desde que en 1890 se anunció una inminente ley proteccionista. Desde entonces un grupo numeroso de capitalistas iba a luchar por la rentabilidad de sus inversiones. La presión proteccionista ante el Estado se convirtió en el medio de asegurar sus negocios. Pronto los industriales captaron las representaciones de Bizkaia, como fruto de unos análisis que apreciaron las dimensiones políticas de los problemas económicos. Pero no bastaba la presencia en Cortes y Diputación. Se emplearon también cauces no institucionales para presionar al Estado.

El Decreto proteccionista de 31 de diciembre de 1891 creaba altos derechos para los productos siderúrgicos, pero permitía que el Gobierno introdujese rebajas en los aranceles mediante Tratados de Comercio; y conservaba tarifas especiales para la importación de material ferroviario.

La primera gran movilización, de 1893, la provocó el intento gubernamental de concertar Tratados de Comercio con Alemania e Italia. El arancel quedaría sin efecto si, como se anunciaba, servían como base para convenios con otros países. Como afectaba a todos los sectores proteccionistas, no sólo a los siderúrgicos, el movimiento fue general. Los industriales bilbaínos pudieron colaborar con la burguesía catalana.

En diciembre de 1893 se celebró en Bilbao un
meeting-protesta
contra los Tratados de Comercio, que resultó clave en la organización de la burguesía vizcaína como grupo de presión. Demostró una gran capacidad de movilización, que le otorgó de momento el liderazgo del proteccionismo español, bien representado en el mitin. Los discursos definieron algunos características ideológicas del movimiento. Nacionalismo económico español, identificación de los intereses industriales con las necesidades nacionales, aspiración autárquica, exigencia de la intervención estatal en la economía: se configuraban un nuevo ideario, que caminaba hacia un proyecto nacionalista español vinculado a las posiciones empresariales.

Del mitin salió la idea de una asociación de los industriales vizcaínos. Fue la
Liga Vizcaína de Productores,
que se integró en la
Liga Nacional de Productores,
nacida casi a la vez, con representantes de Cataluña, Vascongadas, Navarra y Asturias. Su meta iba más allá que la lucha contra los Tratados. Pedía la supresión de todos los privilegios arancelarios.

La
Liga Vizcaína de Productores,
fundada en enero de 1894, dirigió desde entonces la agitación proteccionista. Ejerció una constante presión sobre la opinión pública, alertándola cuando el Gobierno adoptaba medidas librecambistas. Organizó además a las fuerzas vivas vizcaínas para respaldar a senadores y diputados en la defensa de la protección. Y coordinó la agitación, promoviendo mítines, fomentando una campaña de prensa y alentando las protestas de empresas y corporaciones bilbaínas.

Desde que en 1890 se anunció una inminente ley proteccionista, nacieron en Bizkaia diversas empresas metalúrgicas.

La movilización tuvo éxito pues, tras complejas negociaciones, en julio de 1894 se abandonó el proyecto de los Tratados de Comercio. Sin embargo, la
Liga Vizcaína de Productores
no desapareció. Reivindicó en lo sucesivo progresos en el régimen arancelario. En esta política la burguesía vasca apenas se vió acompañada por industriales de otras regiones. Su siguiente objetivo —eliminar los privilegios ferroviarios— no afectaba a todo el complejo industrial español. Era una reivindicación sectorial, en la que la siderometalurgia vasca era la principal, casi la única, implicada.

El acto central de la nueva campaña fue el mitin de enero de 1895, en Bilbao. Fue un acto netamente local, con oradores vizcaínos que plantearon los problemas de su industria. Presentado como una reunión de todas las clases sociales, reunió 7.000 obreros, que actuaban así como elemento de presión ante el Gobierno. Se reivindicó el fin de las tarifas especiales de ferrocarriles, y, también, la intervención del Estado en la economía, de modo que en las obras públicas sólo se admitiesen productos nacionales.

El ascenso de Cánovas al poder en marzo de 1895 abrió las puertas al triunfo de las reivindicaciones de la burguesía vasca. Al año siguiente las Cortes discutieron la
ley de auxilios a los ferrocarriles
y los industriales vizcaínos solicitaron la protección expresa a la siderurgia. La Liga Vizcaína de Productores llegó a amenazar con el cierre de fábricas, si no se abolían las tarifas que desgravaban la importación de material ferroviario. Una ley de septiembre de 1896 las anuló. La
Liga
lograba así las principales aspiraciones formuladas durante el quinquenio anterior.