Authors: Vicenç Navarro & Juan Torres López & Alberto Garzón Espinosa
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A eso se añade que al haber dejado sin llevar a cabo una verdadera reforma financiera la situación patrimonial de los bancos siguió agravándose y les acabó haciendo falta una nueva dosis de generosa inyección de liquidez para sacarlos a flote poniendo a su disposición (bajo la idea de que se rescataba a Irlanda) otros 80.000 millones de euros más sólo para ellos.
Equívocos sobre la deuda
Todo lo que acabamos de señalar pone de manifiesto que cuando se habla del gran problema de deuda que se ha creado en Europa se cae en demasiados equívocos que hay que desvelar y rechazar.
Así, es sospechoso que casi siempre que se subrayan su naturaleza indeseable y sus graves consecuencias se haga mención a la pública pero no a la privada.
Por otro lado, cuando se habla en general de deuda no se suelen contemplar con rigor sus causas. Lo normal es recurrir a frases manidas pero que a fuerza de repetirse calan en la opinión de la gente como si fueran verdades indiscutibles: la deuda privada es consecuencia de que vivimos por encima de nuestras posibilidades y la pública, el resultado de que los gobernantes son unos manirrotos cuando utilizan el dinero de los demás.
Por eso, cuando esta última ha crecido, enseguida se obliga a reducir el gasto público y se difunde la idea de que es debida a un despilfarro maligno de los gobiernos que debe evitarse cuanto antes.
Otra constante del planteamiento convencional del problema de la deuda es que a la hora de hacerle frente no se suele poner sobre la mesa, como acabamos de comentar, la necesidad de aumentar los ingresos sino que casi siempre queda en primer plano la reducción del gasto para disminuirla o ir eliminándola.
Pero lo que sin duda parece más sospechoso es que al hacer referencia a la deuda prácticamente nunca se mencione lo que es en realidad: un negocio de la banca.
Se nos quiere presentar siempre la deuda (y sobre todo la pública porque además eso permite combatir al Estado y a la política) como una especie de patología perversa que hay que erradicar pero nunca se pone de relieve y en primer plano que gracias a la deuda los bancos obtienen un beneficio privilegiado, no sólo por su cuantía sino también, y quizá sobre todo, por el poder inmenso que les da sobre el resto de la sociedad. Como hemos señalado anteriormente, cada vez que se concede un crédito los bancos obtienen beneficio y más poder, y en consecuencia, lo mismo que un productor de sillas trata siempre de vender el mayor número de ellas, los bancos procuran que el volumen de deuda sea el más elevado posible en la economía porque en él le va su ganancia, su extraordinaria influencia política y el inmenso poder que obtienen al crearla.
El origen real de la deuda
Lo que está ocurriendo hoy día en Europa es que las corrientes de opinión neoliberales han logrado hacer creer a la población que la explosión de la deuda es culpa de los gobiernos y que, por tanto, éstos deben asumir su financiación haciéndola descansar sobre las espaldas de la población en general. Y de ahí deducen que la deuda se debe combatir, por tanto, mediante políticas de austeridad, recortando gastos sociales en educación, sanidad, políticas familiares o en pensiones públicas y, en general, reduciendo la presencia del sector público en la vida económica. Lo que, casualmente, trae como consecuencia que se abra de par en par un nuevo y floreciente yacimiento de negocio privado para sustituir la oferta que antes realizaba el sector público, aunque ahora para ofrecerla a precio más elevado y, por tanto, al alcance de una menor parte de la sociedad.
La ocultación de las verdaderas causas que han originado la deuda y su utilización para combatir las políticas de bienestar, que para financiarse necesitan la contribución de los sectores de renta más elevada pero que están cada vez menos dispuestos a darla, ha alcanzando hoy día el paroxismo y tiene en algunos casos, como los recientes de Grecia, Irlanda o Portugal además de otros en el Este de Europa, tintes verdaderamente dramáticos.
El caso de Grecia es paradigmático. Los poderes europeos e internacionales le imponen severos programas de ajuste que reducen y deterioran de forma drástica los ingresos y las condiciones de vida de la población de menor ingreso para hacer frente a la deuda acumulada, pero lo hacen sin tener en cuenta su origen: la venalidad criminal de los coroneles dictadores que hicieron subir la deuda cuando gobernaron, la corrupción con que se organizaron los Juegos Olímpicos (inicialmente presupuestados en 1.500 millones de dólares pero que terminaron costando unos 20.000 millones debido a las ganancias extraordinarias y corruptas de las grandes empresas), los créditos multimillonarios vinculados a la compra de armamento a Francia y Alemania o las políticas que los bancos europeos impusieron en la última década para facilitar la constante inyección de crédito a la banca, a las empresas y a las familias griegas precisamente porque ése es, como hemos señalado, el negocio de la banca: multiplicar sin freno la deuda prestando dinero.
Y en particular los grandes poderes europeos no están teniendo en cuenta que fueron las políticas impuestas en los últimos años para incrementar el beneficio del capital en detrimento de los salarios y de las rentas del sector público las que han provocado una pérdida continuada de ingresos que ha obligado a recurrir constantemente al endeudamiento.
Ésa y no otra ha sido la razón por la que los bancos y las grandes empresas han defendido las políticas neoliberales de los últimos años: los bancos porque al disminuir con ellas el poder adquisitivo aumentaban la demanda de créditos, y las grandes empresas porque con menos salario y con menos empleo no sólo obtenían más beneficio sino también más poder de negociación frente a trabajadores siempre amenazados por el paro y agobiados por la carga de la deuda.
Auditar la deuda
Los gobernantes y los responsables europeos de las políticas de austeridad que están imponiendo a la población para combatir la deuda, según dicen ellos para justificarlas, no se están haciendo una pregunta fundamental que habría que hacerse siempre que se aborda un problema de deuda: ¿quién se ha lucrado con ella? Y, si se han lucrado unos, ¿por qué tienen que pagarla luego otros?
La deuda de esta última naturaleza, la que se hubiera obligado a contraer a unos para que sean otros los que se beneficien de ella, es una deuda inmoral, ilegítima u odiosa y, por tanto, que puede ser rechazada por aquellos a quienes se impone cargar injustamente con su financiación, en este caso la población europea
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Por eso una demanda de justicia elemental que proponemos es que se audite la deuda española de un modo independiente y veraz para determinar su origen y sus verdaderos beneficiarios.
Tanto la privada que se generó gracias a las políticas neoliberales fiscales y monetarias de los últimos años, como la pública que más recientemente se ha producido para hacer frente a la crisis o como consecuencia de la especulación criminal que se ha desarrollado, durante mucho tiempo ante la pasividad de nuestros gobernantes, contra las emisiones de deuda de varios Estados. Y, por supuesto, esa demanda debe ir acompañada de la exigencia del derecho correlativo a repudiar la deuda que sólo ha beneficiado a la banca, a las grandes empresas y a los especuladores internacionales.
Es de todo punto injustificable que la clase política dominante permanezca indiferente ante un crecimiento de la deuda debido, en gran parte, a la manipulación artificial de su precio por parte de los especuladores (muchos de ellos, bancos, que lo hacen con dinero público). Es imprescindible realizar esa auditoría y a partir de ella determinar si se reestructura la deuda o si se deja de pagar.
La reestructuración supondría diferenciar los diversos contratos de deuda asumidos por el Estado y modificarlos en plazo, en cantidad o incluso, ya sí, cancelarlos parcial o totalmente.
La reestructuración dirigida por los deudores, el Estado, supone la realización de una auditoría previa de la totalidad de la deuda controlada por los ciudadanos. Se trata de estudiar qué parte de la deuda es ilegal, inmoral o directamente insostenible.
Por ejemplo, puede declararse inmoral cualquier contrato de deuda suscrito por bancos rescatados con dinero público o incluso los de aquellos bancos que han comprado deuda pública con dinero barato prestado por el Banco Central Europeo.
En ese caso puede reestructurarse en plazos, en cuantía o sencillamente declarar que no se pagará nunca. Todo con el objetivo de reducir la carga de la deuda.
Por supuesto este proceso tiene costes políticos y económicos importantes. Los mercados financieros (los acreedores) actuarían conjuntamente para atacar y especular con el país en cuestión. También habrá radicales reticencias a nivel institucional por parte de la Unión Europea y el Banco Central Europeo, amén de los bancos nacionales. Por eso sería recomendable que la reestructuración de la deuda formara parte de un plan más amplio y que además estuviera coordinado por, al menos, los países que más lo necesitan. Y estos países son los de la periferia, como Portugal, Grecia o España. Si bien lo deseable sería realizar una auditoría a nivel europeo. Además, y como veremos en el capítulo siguiente, es necesario acompañar todas esas propuestas con una reestructuración completa del sistema financiero europeo y mundial para evitar que la especulación contra el mercado de deuda pública pueda ser posible.
Pero la experiencia ya acumulada nos permite saber que se puede ejercer ese derecho de forma ordenada y sin que eso provoque daños mayores que los que se pueden evitar, como dirían para oponerse al repudio de la deuda quienes durante todo este tiempo anterior han trabajado para los grandes beneficiarios de la deuda. Todo lo contrario, sólo así se le podrá dar aliento y sostenibilidad a la actividad económica que de verdad satisface las necesidades sociales.
Los costes de las actuales estrategias europea y española frente a la deuda
Una investigación reciente de Mark Weisbrot y Juan Montecino, de Center for Economic and Policy Research, CEPR, de Washington, demostró que pueden darse escenarios muy realistas bajo los cuales las políticas de austeridad que está llevando a cabo el gobierno español por imposición europea darán niveles más altos de endeudamiento en comparación con lo que sucedería si se continúa con un estímulo fiscal moderado como el que estamos proponiendo
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El informe indica que los problemas presupuestarios de España así como el desempleo y la débil recuperación de su economía son el resultado de lo que ya hemos mencionado nosotros: el colapso de la demanda privada. En consecuencia la política más eficiente según esos autores sería que el sector público compensara la falta de demanda privada hasta que la inversión privada y el consumo, y posiblemente las exportaciones netas, puedan sostener un crecimiento normal. Mientras que, por el contrario, recortar el gasto público e incrementar los impuestos bajo estas circunstancias son acciones pro cíclicas (llamadas así porque refuerzan el colapso de la demanda y, por tanto, agudizan lo malo de la situación en la que estamos) y lo que cabe esperar de ellas es que debiliten la recuperación o incluso que vuelvan a llevar a la economía a un estado de recesión.
Teniendo en cuenta que el volumen de nuestra deuda no es muy grande, la solución que proponen sería mantener el gasto deficitario en los niveles actuales o posiblemente incrementar dicho gasto para así estimular la economía y que el Banco Central Europeo comprara una porción de la nueva deuda emitida por el gobierno español, y se comprometería a reembolsar el interés sobre dicha deuda al gobierno español, como ha sucedido en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón.
De esa manera, si el Banco Central Europeo adquiriera la deuda del país por un monto equivalente al 4 por ciento del PIB de España, al año, durante los próximos dos años, y el gobierno no aumenta los impuestos o recorta el gasto durante este periodo, se produciría un aumento en la carga de endeudamiento bruto, pero no del endeudamiento neto, que permitiría un estímulo fiscal de casi el 4 por ciento del PIB (más de 40.000 millones de euros) durante dos años sin tener que recortar el gasto y manteniendo los incrementos impositivos planeados. Y así la relación de la deuda con el PIB no aumentaría demasiado
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Además con esta estrategia de estímulo que venimos defendiendo, no sólo se evitaría que haya más deuda en el futuro (lo que sólo vendrá bien a los bancos que la financien, no lo demos), sino también los costos sociales y económicos ocasionados por la pérdida de producción y un prolongado periodo de alto desempleo que afronta España en la actualidad.
En los capítulos anteriores hemos mostrado que existen alternativas a las políticas neoliberales que se vienen aplicando en España en los últimos años y, por tanto, que no es verdad que sólo haya un único camino por el que de forma inexorable deba discurrir la vida económica. Nos hemos referido hasta ahora principalmente a lo que se puede y se debe hacer en nuestro país para lograr mejores resultados que los que vienen dando las políticas que defienden los neoliberales, pero somos conscientes, como hoy día casi todo el mundo, de que España forma parte de un entramado institucional y político más amplio, de la Unión Europea y de la Zona Euro, y que eso lógicamente impone plantear nuestros problemas en ese diferente y obligado campo de juego.
En primer lugar España es miembro de la Unión Europea y eso significa que está sometida al dictado de las políticas comunes, lo que a su vez implica que las grandes medidas de tipo económico que la afectan son el resultado de consensos previos o de imposiciones de unos países sobre otros, que no siempre son favorables para el conjunto. La estructura económica de los distintos miembros de la Unión Europea es muy diferente y sus intereses en muchos casos son incluso antagónicos, lo que hace que las políticas que convienen a determinados grupos sociales de unos países resulten claramente perjudiciales para otros. Y si bien los mecanismos de compensación pueden mitigar a veces los efectos dañinos que conlleva aplicar determinadas políticas, no siempre se acaba por resolver este conflicto, que es uno de los grandes problemas de fondo de la Unión.
En segundo lugar España también pertenece a la Zona Euro y su política monetaria está delegada en el Banco Central Europeo. De esa forma, cuando a España le ha interesado devaluar su moneda, para hacerla más competitiva, no ha podido hacerlo. Y esta imposibilidad ha perjudicado seriamente la posición exterior de nuestra economía, haciendo más insostenible aún nuestro déficit comercial.