Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos (42 page)

El clima de hastío de la ciudadanía obligó a La Zarzuela a instar al diario filosocialista
El País
a que emprendiera una iniciativa inédita y saliera en defensa de la institución con un editorial que arrancaba en su portada y que llevaba por título: «El “caso Urdangarin” y el futuro de la monarquía». El periódico del Grupo Prisa había mantenido un sonoro silencio al principio del escándalo, se había sumado después a la cobertura del mismo, y ahora terciaba en defensa de la Jefatura del Estado sin que hubiera ninguna noticia concreta que justificase esta reacción. No obstante, empezaban ya a programarse especiales televisivos que abordaban la disyuntiva entre monarquía y república y el problema comenzaba a tocar fondo de verdad.

Los hechos imputables al yerno del monarca no tienen que ver con la forma de Estado que libremente fue asumida por los españoles durante la Transición política […]. Solo la frivolidad, el populismo y el amarillismo periodístico, o la mezcla de los tres, permiten confundir la crítica que merece el comportamiento no ejemplar de Iñaki Urdangarin con un debate sobre el futuro de la monarquía. Una conducta presuntamente irregular de aquel para nada significa una crisis de legitimidad en la Jefatura del Estado, ni es admisible abrir una discusión ficticia sobre ello al hilo de las lucubraciones y cotilleos de la prensa rosa (que más bien parecen del hígado). Si algo ha quedado claro, por lo demás, en la maraña del
caso Nóos
es que el rey ordenó hace años a su yerno que dejara los negocios privados. España no necesita un debate artificial sobre la Jefatura de Estado en un momento además en que todas las energías deben dirigirse a superar los desafíos que plantean el empobrecimiento general de nuestra economía, la tasa de desempleo más alta de Europa, la sequía del crédito (y la del campo) o el previsible deterioro del clima social.

El clima de deterioro progresivo de la institución obligó a la convocatoria de un gabinete de crisis en La Zarzuela en torno a Semana Santa. El eficaz Ramón Iribarren había sido sustituido como jefe de prensa de la Casa del Rey dos años después de tomar posesión y en vísperas de la declaración del duque de Palma. Se le atribuyó ladinamente la mala gestión del escándalo en los medios y fue nombrado en su lugar el periodista Javier Ayuso, que provenía de la Dirección de Comunicación e Imagen del BBVA, donde ostentaba la categoría de director general, y le avalaba una amplia trayectoria profesional desarrollada básicamente en la prensa económica. Llegó a dirigir el diario
Cinco Días
y la revista
Mercado
y fue el responsable de la edición dominical del diario
El País
.

Ayuso abordó en aquella reunión, en presencia del jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, y en la que fue una de sus primeras pruebas de fuego al frente de su nuevo puesto, la necesidad de dar un giro a la estrategia de comunicación y empezar a lanzar en los medios noticias positivas del duque de Palma.

Era la primera vez en meses que La Zarzuela se planteaba la posibilidad de rehabilitar la imagen del yerno del rey con la ayuda de periodistas manejables. El
affaire
de Suiza había supuesto un punto de inflexión que había agravado todavía más la situación y Ayuso consideraba que había que intentar revertirla. Mario Pascual Vives les había asegurado que iba a poder demostrar que su cliente no tenía cuentas en Suiza y que iba a preparar un demoledor informe al respecto. En medio de la tormenta de ideas, llegaron a barajar la conveniencia de difundir el mismo argumento que había arrojado Urdangarin en su declaración, consistente en que aquella comisión de 375.000 euros no era para él sino para un empresario jordano.

Spottorno puso orden en medio del caos, meditó las consecuencias de que volviera a salir a relucir el falso jordano, y prohibió por completo que se pusiera en marcha el proyecto de restauración de la imagen del duque de Palma, porque podía ser peor el remedio que la enfermedad.

—¿Ahora queréis que saquemos al jordano? —preguntó enfurecido el diplomático—. Ni hablar, por supuesto que no.

Y nunca más se volvió a hablar de rehabilitar a un Urdangarin que poco a poco iba adquiriendo la condición de «juguete roto».

Tras el sensato frenazo en seco de Spottorno al intento de montar un gabinete de reconstrucción de la imagen de Urdangarin, la Policía Judicial siguió su camino y se puso en marcha, ajena al desgaste institucional, para atar todos los cabos de aquella operación. Viajó a El Escorial en busca de Robert Cockx y bastó interrogar al testaferro para desmontar las falsedades del duque de Palma. Los agentes tomaron declaración al empresario belga, que se iba por los cerros de Úbeda en su comparecencia, y hartos de sus continuos rodeos y de sus carcajadas, le anunciaron que iban a registrar su domicilio y que procederían a su detención.

La sonrisa bonachona de Cockx se borró por completo y cogió nervioso su teléfono móvil. Marcó el número de su mujer y le dijo que estaba arrestado por la policía. «Limpia la casa», le insistió. La comitiva judicial acudió al chalé de Cockx en busca del ordenador personal con el que gestionó los cobros de Urdangarin, ya que debía contener todos los pasos del proceso. Al llegar, el testaferro lanzó una sonrisa pícara al comprobar que no daban con él y que su plan había funcionado. La Policía Judicial registró la vivienda de arriba abajo, desordenándola todavía más de lo que ya estaba, y no había rastro alguno del dichoso portátil. De pronto, la mujer de Cockx comenzó a perder la calma, visualizó el encarcelamiento de su esposo y de ella misma y acabó
derrotando
, como se denominan las delaciones en el argot policial. Cedió a la presión del momento y condujo a los agentes al garaje, donde señaló con su dedo índice una bolsa de basura. El montaje volvió a saltar por los aires al aparecer el ansiado portátil. Cockx optó por tomarse aquello a broma y en tono de admiración espetó a los agentes que su mujer había actuado de esa manera para «proteger a su hombre». La escena adquiría un tono surrealista, el testaferro desvariaba y trasladaba sin querer el foco de atención a la otra gran protagonista de aquella operación, la secretaria personal Cuquerella, que fue llamada a declarar ante la policía en Barcelona poco después.

Pese a su apariencia cándida, comenzó a contestar que consideraba que no hay ningún problema en tener una cuenta en el país helvético.

—¿Qué pasa por tener una cuenta en Suiza? ¿Acaso no es lo mismo que tenerla en Zaragoza? —preguntó fingiendo el más absoluto desconocimiento.

Cuquerella reconoció que había tramitado aquel cobro por orden de Urdangarin, pero sus palabras parecían haber sido dictadas por el duque de Palma.

—¿Ha hablado usted con alguien antes de esta declaración sobre este tema? —le preguntaron.

—Sí, me ha llamado Iñaki Urdangarin.

Los ojos de los investigadores se salían de sus órbitas al escuchar que el duque de Palma había telefoneado a su secretaria para indicarle, con toda seguridad, lo que tenía que decir en su declaración.

—¿Cómo? ¿Que la ha llamado Urdangarin, que está imputado en este procedimiento, a usted, que comparece como testigo? —le insistieron, dejando claro que la conducta era irregular.

—Pues sí —añadió orgullosa.

—¿Y qué le ha dicho?

—Que rece un avemaría. Y así lo hice.

Aviso a navegantes de D. T.:

«Ya os dije que tiraré de la manta si me tengo que comer el marrón solito».

El Padrino en versión menorquina:

«O me pagáis 30 millones o hago saltar por los aires la corona».

Unos correos que son una bomba atómica institucional.

Y ahora, ¿qué?

El umbral de la locuacidad de Manuel González Peeters está establecido en dos copas de ginebra Bombay con tónica, su bebida preferida.
Gin-tonic
que siempre exige que se lo sirvan en copa de balón. A partir de ese momento, el abogado de Diego Torres se desata, se explaya a gusto sin que parezca que haya límites horarios o secreto profesional alguno que le frenen. Eso sí, entre confidencia y confidencia se marca alguna de sus célebres baladronadas, normalmente relacionadas con la caza, su
hobby
preferido, una afición que se le da de maravilla a decir de los que han compartido con él jornadas cinegéticas en España, en Europa Oriental o en África. «Que yo también cazo elefantes», solía comentar a sus colegas de cuitas en el caso Urdangarin, ante los que se jacta de ser un tirador de primer nivel. «Donde pongo el ojo, pongo la bala», comenta de tanto en tanto. Sus colegas de cuitas, malévolos, envidiosos o simplemente hartos de sus «fantasmadas», le preguntaban con picardía:

—Con los problemas de vista que tienes [miopía], ¿cómo haces para acertar?

—Pues muy sencillo, me acerco más y
arreglao
—les replicaba Manuel González Peeters, un ciudadano que, como el señor Lobo de la
tarantiniana
Pulp Fiction
, tiene respuestas para todo.

Fue este peculiar letrado, que gusta de lanzar órdagos a fiscales y jueces, a pesar de las consecuencias que esta conducta pueda entrañar para sus clientes, el que se pavoneó de tener en su poder «doscientos correos electrónicos que pueden hacer saltar por los aires la corona». A González Peeters no se le ocurrió mejor cosa que lanzar semejante bravata ante el fiscal anticorrupción adscrito al caso, Pedro Horrach, que dio por terminada la conversación ante lo que a todas luces constituía un chantaje intolerable.

Peeters intentó en una primera fase meter el miedo en el cuerpo a la corona lanzando la especie a todos los abogados personados en la causa. El objetivo del peculiar defensor de Diego Torres era que se desatase la rumorología, que todos sus compañeros, y muy especialmente Mario Pascual Vives, captasen el mensaje y lo transmitieran a quien correspondiese.

El abogado-cazador hizo públicos tres de estos
e-mails
el 16 de abril. Se trataba de tres mensajes en los que Iñaki Urdangarin dejaba meridianamente claro a Diego Torres que su suegro y su mujer estaban abriendo puertas para los negocios que se traían entre manos. En el primero de estos elocuentes correos Urdangarin le comenta a su socio en octubre de 2007, cuando aún no habían tarifado y vivían en plena luna de miel profesional, lo siguiente: «Tengo un mensaje de parte del rey, y es que le ha comentado a Cristina [con Torres es con el único que llamaba a su esposa por el nombre de pila y no por el título], para que me lo diga, que le llamará [Francisco] Camps a Pedro [Perelló] para comentarle el tema de la base del Prada y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla».

Pedro Perelló es el armador que intentó crear un equipo español para disputar la Copa América de vela a través del equipo Ayre Challenge, cuyo consejo social iba a presidir el duque de Palma. Prada, la firma del «lujo moderado» que comanda Miuccia Bianchi Prada, era uno de los competidores habituales de la mejor competición de vela del mundo hasta que en 2007, cansados de soltar dinero en cantidades industriales, optaron por retirarse al término de la primera edición celebrada en Valencia. Su adiós dejaba libre la base que Perelló y Urdangarin querían aprovechar para instalar su equipo de Copa América de cara al desafío que se iba a celebrar también en aguas del Mediterráneo español, pero en 2010.

Este mismo correo electrónico finalizaba con una misteriosa cita: «Agustín Zulueta le ha pedido a Cristina tomar un café para explicarle un tema que no quiere ni puede contar por teléfono y que se va a Barcelona a explicárselo… misterio, pero parecía como serio e importante».

Peeters presentó este y otros dos
e-mails
en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma dentro de su estrategia procesal de intentar amedrentar a la corona para ver si sonaba la flauta y su cliente se iba de rositas del envite judicial. Como si esto fuera Marruecos o un reino de Oriente Medio, lugares en los que los monarcas dan órdenes a los jueces. En el segundo correo, fechado en agosto de 2007, figura también Iñaki Urdangarin como remitente y Diego Torres como destinatario. «Hemos conseguido que el rey se viera con Pedro para presentarle el proyecto. La reunión fue muy bien y, aparte de parecerle bien armado, ha ofrecido toda su ayuda para encontrar ayuda financiera», comentaba el duque de Palma entre redundancias al que por aquel entonces era su «tronco» del alma.

«Un amigo del rey ha hecho gestiones con Iberostar que no sabía nada del proyecto pese a que le ha transmitido buena sintonía con el BBVA», le comenta Txiki a su socio mahonés en otro mensaje para iniciados.

Quince días después de este primer órdago, y tras comprobar que en Zarzuela no se habían muerto de pánico, González Peeters aprovechó un receso en las declaraciones ante el juez Castro para acercarse en los pasillos de los tercermundistas juzgados de Palma al fiscal Pedro Horrach.

—¿Me puede atender un momento, don Pedro?

—Claro, letrado —le respondió, cortés, el fiscal anticorrupción que tiene en sus manos el caso más peliagudo de la última década, el primero que atañe directamente a un miembro de la familia real, un escándalo que puede suponer la primera condena en la historia de España de un
royal
a penas de cárcel.

—Mire usted, venía a proponerle un acuerdo de conformidad, acuerdo que comparte por cierto mi compañero Mario Pascual Vives —empezó el encargado de sacar del atolladero de imputaciones a Diego Torres.

Horrach escuchó y escuchó, más que interrogó, y se comprometió a estudiar el asunto. Un par de días más tarde quien le abordó en el mismo escenario, los pasillos, fue un ciudadano bastante más educado y entre cien y doscientas veces menos histriónico.

—Señor fiscal, quería hablar con usted —le espetó el abogado del yerno del rey, que es puro
seny
.

—Por supuesto, letrado —afirmó Horrach dándole inmediata audiencia a un abogado que es diametralmente opuesto a González Peeters en el apartado de las formas.

El representante del Ministerio Público comprobó que, al menos por una vez, y sin que necesariamente sirva de precedente, González Peeters le había dicho la verdad. El civilista y mercantilista Pascual Vives le puso encima de la mesa un acuerdo de conformidad calcadito al planteado por su compañero en relación con Diego Torres: que Urdangarin se declarase culpable a cambio de que se formulase una petición inferior a dos años, con lo cual, al carecer de antecedentes penales, eludiría el ingreso en prisión. Que, por otra parte, es lo que se quería y se quiere evitar a toda costa: la foto del yerno del rey entrando con el hatillo en el modernísimo centro penitenciario de Palma. Y además se comprometían a devolver el dinero público del que se «apoderaron» ilegalmente y a abonar fortísimas multas. Horrach no dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. «Lo estudiaré detenidamente y les contestaré lo antes posible», fue su compromiso, el único compromiso que podía formular.