Rojas: Las mujeres republicanas en la Guerra Civil (13 page)

   Cabe mencionar asimismo las dificultades para acceder al material documental que aclara las dimensiones sociales de la contienda. El resultado de la Guerra Civil y los años de represión que siguieron dieron lugar a la desaparición de una gran cantidad de documentos de los archivos ministeriales, sindicales y de los partidos políticos, así como de los registros públicos y privados. Además, la naturaleza política del conflicto indujo, tanto a los participantes como a los historiadores, a fijar su atención en los espacios públicos de la política, la diplomacia o la economía y a desatender otros aspectos, como la vida cotidiana, la resistencia civil o la supervivencia en la retaguardia.

   La trayectoria de la historiografía española desde los años setenta esclarece algunas de las características de los estudios realizados sobre la guerra civil. Tal como se ha señalado en la introducción de este libro, durante los años del franquismo tardío muchos historiadores opuestos a la dictadura tendían a centrar su investigación en los movimientos sociales y políticos de los años treinta como una forma de manifestar su oposición al régimen franquista. La necesidad de vencer la amnesia colectiva referente a la Segunda República y a la Guerra Civil producida por la represión y de rectificar los estudios sesgados realizados por la historiografía franquista, estimuló la dedicación de una generación de jóvenes historiadores a estudiar anteriores modelos de democracia o del movimiento obrero organizado. Veinte años más tarde, los historiadores han manifestado su conciencia de la politización de los estudios realizados entonces, un factor que indudablemente impulsó la mitificación de personas y acontecimientos durante la Guerra Civil.
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Los estudios históricos actuales presentan una visión más matizada que refleja en mayor medida las paradojas y complejidades de la dinámica histórica de aquel momento. Así, plantean la necesidad de revisar el esquema interpretativo que contemplaba la Guerra Civil como una ruptura revolucionaria total con el régimen democrático de la Segunda República.
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Tal como observa el historiador Enric Ucelay da Cal, “La CNT-FAI (el movimiento anarquista, Confederación Nacional del Trabajo/Federación Anarquista Ibérica) confundió el hundimiento social que acompañó a la revolución con la propia revolución”
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. Del mismo modo, los historiadores han destacado la necesidad de distinguir entre apariencias, retórica revolucionaria y realidades sociales y también de dibujar con mayor claridad las fronteras entre la dinámica de la revolución y el proceso de transformación social surgido de una situación de guerra.

   En el caso de las mujeres, las visiones politizadas o heroicas del pasado han de abrir paso también a interpretaciones más matizadas que valoren el alcance de los cambios logrados junto con el impacto de los obstáculos y factores de continuidad que influyen en su itinerario colectivo. En el momento de efectuar una interpretación de los cambios de mentalidad, valores culturales o relaciones de género, nuestra mirada analítica se fija más allá de los horizontes de retórica política para abordar las diversas manifestaciones de la trayectoria de las mujeres como colectivo social. Sin negar la importancia del discurso político ideológico como indicadores de cambios innovadores nos interesa descifrar las vivencias colectivas de las mujeres y la incidencia de estos discursos en su experiencia de vida. Contrastar declaraciones ideológicas y retórica revolucionaria con las manifestaciones de vivencias sociales puede dar una aproximación más matizada del grado y significado de los cambios que se producen en aquel momento. En este sentido, este capítulo propone una relectura en clave de género de las imágenes y las representaciones culturales de las mujeres con la doble intención de esclarecer las múltiples dimensiones de su experiencia del conflicto y clarificar hasta qué punto el nuevo universo imaginario de la guerra y de la revolución generó cambios sustanciales en el prototipo tradicional de mujer española.

   Las elecciones generales de abril de 1931 dieron como resultado una victoria abrumadora de las fuerzas republicanas en las principales ciudades de España. De acuerdo con estos resultados, el rey Alfonso XIII abandonó España poniendo fin con ello a la monarquía tradicional. El régimen político recién establecido fue declarado república, la Segunda República. Además, era políticamente innovadora puesto que instituía un sistema democrático. La nueva constitución (1931) proclamaba los principios de igualdad y los derechos humanos. Sus leyes contrastaban con la anterior dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1939) que limitaba los derechos sociales y políticos.

   Durante los dos primeros años de la Segunda República gobernó una coalición reformista progresista de socialistas y republicanos bajo la presidencia de Manuel Azaña. En este período se introdujeron reformas decisivas en muchos sectores de vital importancia, aunque posteriormente los que habían proclamado el advenimiento de la Segunda República como el comienzo de una revolución social las consideraron insuficientes.
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Lo que se dio en llamar la República del “New Deal” impulsó una política reformista promotora de la modernización de la sociedad española.
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Los reformadores políticos se enfrentaban a graves problemas socio-políticos heredados de anteriores regímenes. En medio de dificultades económicas, de conflictividad social y polarización política, el gobierno emprendía las reformas militar y agraria, la separación de la Iglesia y el Estado, la solución a las reivindicaciones autonómicas de las regiones históricas como Cataluña, la legislación laboral y la reforma educativa.
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En las elecciones de 1933, un giro hacia la derecha devolvió la hegemonía política a los conservadores.
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   La derecha recién elegida montó entonces una ofensiva contra las reformas emprendidas por el gobierno del Bienio azañista, lo que condujo a una radicalización cada vez mayor del movimiento obrero. Al mismo tiempo, la oposición anarquista y de los sectores más radicales del socialismo adoptó una estrategia de resistencia y de negociación colectiva menos conciliadora en los conflictos laborales.
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Sin embargo, la polarización política que llevó al incremento de la conflictividad social que culminó en la revolución minera de Asturias de 1934, no puede atribuirse solamente a la tensa situación política sino también a numerosos factores sociales y económicos, como el aumento del paro y el freno de las reformas asistenciales y sociales.
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La intensificación de los conflictos también se puede achacar a la crisis de representación política tradicional de los intereses de clase entre los distintos sectores sociales debida al deterioro de la situación económica en algunas regiones y al hecho de que el crecimiento económico estaba coartado por la crisis económica internacional de los primeros años treinta.
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Además, cabe destacar diferencias regionales;
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en Cataluña, los meses anteriores a la rebelión militar fueron tranquilos. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 significó un restablecimiento de las políticas reformistas de los años anteriores; se concedió la amnistía a los presos políticos y el parlamento catalán volvió a abrir sus puertas.
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España estaba regida por un gobierno republicano, esta vez sin coalición socialista. En la primavera de 1936, la tensión social aumentó y hubo muchas huelgas y cierres de empresas. Muchos conflictos se resolvían por medio de la violencia recíproca entre empresarios y obreros y no por medios legales. Los intereses militares y de la derecha conspiraban para desalojar al régimen democrático mientras que, al mismo tiempo, impulsaban los contactos con el fascismo internacional. La propaganda derechista utilizaba la conflictividad social para desacreditar al gobierno y provocar cambios políticos, aunque no cabe duda de que muchas de las crónicas de este período exageraron el grado de tensión social existente.
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   La historiografía actual ha demostrado la falsedad de la acusación que en aquella época hizo la derecha, y que posteriormente propagaron los historiadores franquistas, de que el alzamiento militar se había realizado para contrarrestar conspiraciones comunistas y cambios revolucionarios supuestamente promovidos por el gobierno de la Segunda República. En realidad, los gobiernos republicanos nunca trataron de introducir más que reformas de signo democrático. La afirmación de que existía un proceso revolucionario soterrado antes de la rebelión militar es totalmente infundada y, como ha señalado un estudio reciente, el gobierno del Frente Popular no impulsó políticas económicas o sociales radicales.
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Las huelgas y los conflictos alentados por las dos ramas principales del movimiento obrero, los anarcosindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y los socialistas de la Unión General de Trabajadores (UGT), no convergían en absoluto en una estrategia concertada para lograr el cambio revolucionario en la sociedad española. Antes bien, los conflictos eran episodios inconexos derivados principalmente de la difícil situación socio-económica. No tuvieron como eje vertebrador la lucha de clases ni la confrontación política entre la derecha y la izquierda. Con todo, no cabe duda de que la sociedad española estaba dividida por múltiples conflictos relacionados con el trabajo, la educación y la reforma agraria.

   El 18 de julio de 1936, el alzamiento militar que había iniciado el general Francisco Franco contra el gobierno legítimo de la Segunda República comenzó en el norte de África e inmediatamente se extendió a la península. Este golpe de estado, instigado por un grupo de conspiradores, en su mayor parte militares, estaba también respaldado por diversos colectivos políticos de derechas como los monárquicos borbónicos, los carlistas, los tradicionalistas católicos y los seguidores fascistas de la Falange. Su objetivo era eliminar el régimen democrático y devolver el poder político a la derecha, tradicionalmente hegemónica. No obstante, el golpe militar fracasó debido a la resistencia popular y desencadenó una larga guerra civil.

   Mientras duró ésta, la construcción del “Nuevo Estado” bajo la fórmula autoritaria dictada por Franco unificó la derecha. En cambio, las divisiones caracterizaron a las filas republicanas unidas sólo en la difícil tarea de la resistencia antifascista. Algunos sectores como los anarquistas, los marxistas disidentes y ciertos grupos de la izquierda socialista fomentaban el cambio revolucionario en algunas regiones del país.
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A diferencia de las políticas republicana, socialista centrista y comunista, estas fuerzas más radicales pretendieron unir el combate antifascista a una lucha revolucionaria encaminada a transformar el tejido económico y social. En realidad, la rebelión militar y su fracaso a corto plazo crearon las condiciones históricas que condujeron a emprender un proceso revolucionario dentro del contexto de la resistencia antifascista y de defensa del régimen democrático. La movilización del pueblo levantado en armas indujo a las fuerzas sociales más radicales a impulsar la lucha revolucionaria. Además, la Guerra Civil actuó de catalizador movilizando al pueblo español en un compromiso político más allá de los límites habituales de la indiferencia respecto a la vida política. No obstante, también es cierto que a muchos las meras circunstancias geográficas de estar en una zona bajo control republicano o franquista les obligaba a participar en una u otra de las fuerzas adversarias.

   En estas circunstancias, las mujeres se vieron catapultadas a nuevas actividades en el mundo político y social. Al igual que toda explicación histórica de la Guerra Civil debe contextualizarse en el marco de un conflicto que tiene sus raíces en períodos anteriores, así también un análisis del protagonismo femenino en la guerra debe tener en cuenta los condicionamientos históricos anteriores (explicados en el capítulo anterior), ya que la conciencia socio-política de las mujeres estaba influida por sus antecedentes históricos. Lo cierto es que la condición social de las mujeres mejoró significativamente durante la Segunda República. Las reformas emprendidas desde 1931 eliminaron una parte muy importante de la legislación discriminatoria que había mantenido la subordinación femenina en la política, el trabajo y la familia. La concesión del sufragio y las reformas de sus derechos laborales, familiares y educativos representaron un paso importante para asegurar el progreso político y social de las mujeres españolas. Sin embargo, su condición social sólo había cambiado ligeramente. Seguía existiendo segregación en el empleo, discriminación salarial y la oposición tradicional al trabajo femenino remunerado. El continuo impacto de las tradicionales normas de género dificultó su inserción en el mundo político. Pocas entre ellas pudieron aprovechar sus nuevos derechos para entrar en la política y cuestionar, de ese modo, su tradicional definición como espacio exclusivo de actuación masculina. De hecho, a pesar de las reformas emprendidas y la modernización del país, las actitudes con respecto a las mujeres cambiaban con lentitud. Sus opciones laborales y culturales y sus horizontes personales estaban todavía claramente influenciados por el peso del tradicional discurso de domesticidad que reforzaba la separación de los espacios públicos y privados y las confinaban al mundo doméstico del hogar y la familia. La pervivencia de un modelo de feminidad que ante todo consideraba a las mujeres como madres y “ángeles del hogar”, dificultaba la puesta en marcha de las reformas republicanas igualitarias y obstaculizaba la entrada de las mujeres en la esfera pública y su consolidación en el terreno de la política, la cultura y el trabajo en pie de igualdad con los hombres.

   Las identidades de género se consolidan y se propagan en gran medida a través de las imágenes de las mujeres transmitidas por la sociedad. Su representación cultural es decisiva en la construcción de las mismas. La difusión de un imaginario colectivo popular puede resultar un mecanismo eficaz de reforzamiento de códigos de conducta y modelos de masculinidad y feminidad. Los modelos transmitidos en el discurso de género a través de la representación simbólica de las mujeres pueden transformarse en una manifestación decisiva de control social informal que canalice y mantenga a las mujeres en sus roles tradicionales. Está claro que las imágenes y las representaciones culturales no reflejan el completo universo femenino ni tampoco la globalidad de los valores culturales vigentes. El discurso de género y las representaciones simbólicas no son tampoco necesariamente un espejo de la realidad. De hecho, su configuración puede diluir la visualización de las protestas, disonancias y subjetividad de las mujeres y de la lucha por su libertad. Con todo, las representaciones culturales pueden desvelar el conjunto de ideas frente al cual las mujeres tenían que medir su conducta y el significado de sus exigencias, desafíos o acatamiento frente a los modelos de género impuestos por la sociedad.
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