Los presidentes en zapatillas (35 page)
Zapatero es constante y esforzado, como un corredor de fondo y posee una gran capacidad de sufrimiento y una habilidad para encajar los reveses sin pestañear. Un déficit importante: un mal manejo de los idiomas, que parece una constante en los currículos de nuestros presidentes.
Su nombre ha quedado asimilado para siempre con el sustantivo «talante», utilizado con sorna desde los escaños de la oposición, pero es verdad que la moderación en su forma de gobernar y sus planteamientos pactistas le colocan en las antípodas del presidente del Gobierno anterior. Su estilo es reflexivo, muy didáctico; se nota que es profesor, enemigo de los golpes bajos y abierto al diálogo, facetas todas estas que le acarrean tantas críticas internas y externas como apoyos desde otros sectores en los que se valora el fair play, la perseverancia y la contención verbal.
Si recogemos los principales puntos de la declaración de principios que constituía su «Nueva Vía» y que mereció el respaldo mayoritario de su partido, podemos hacernos una idea de las cuestiones que preocupan a un Zapatero presidente o ciudadano de a pie: construir una sociedad que acepte a los inmigrantes; dar prioridad a la educación y crear empleo estable; proporcionar a los padres más tiempo para pasarlo con sus hijos y sus ancianos; promover la cultura; convertir a España en un país admirado por ayudar a los más necesitados; ayudar a estos con iniciativas de calidad; fomentar la democracia, adecentar la política y promover los valores por encima de los intereses coyunturales. Todo esto se traduce en los desafíos de un nuevo Gobierno que ha promovido las leyes más avanzadas en materia social, y en mayor número, en la historia democrática de España. Tal vez ayudaría un breve análisis de las más significativas por su repercusión en la vida ciudadana, así como por sus altas dosis de polémica y confrontación en la opinión pública.
Desde principios de la década de los noventa, diversas asociaciones de mujeres venían pidiendo una ley integral contra la violencia de género, una herramienta diseñada para combatir el problema, facilitar ayuda a las víctimas y erradicarlo. El 28 de diciembre de 2004, una de las promesas electorales de Zapatero, la primera que se puso sobre la mesa, se hacía realidad, con la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El texto se aprobó por unanimidad y en su articulado se hace especial hincapié en las políticas educativas que insistan en la igualdad y en el respeto a los derechos de la mujer. Su aspecto más polémico: la discriminación positiva que se establece al penalizar el maltrato doméstico solo cuando el agresor es un hombre y la víctima, una mujer.
Una de las enmiendas aprobadas durante su tramitación parlamentaria contempla la modificación del Código Penal para que las amenazas y lesiones leves sean consideradas como delito cuando afecten a víctimas especialmente vulnerables, como niños, ancianos y minusválidos. Resulta difícil creer que hasta la entrada en vigor de la ley, estos extremos no estuvieran contemplados en nuestra legislación. Además, la ley pretende lograr una estrecha coordinación de todos los agentes implicados en el proceso, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fiscales, forenses, psicólogos, magistrados, etc., que deberán actuar como un bloque contundente contra una violencia que se percibe como la punta del iceberg de la discriminación, la desigualdad y el desequilibrio entre hombres y mujeres.
Para enmendar estos extremos, ya avanzada la legislatura, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Tras la culminación del proceso legislativo, el presidente del Gobierno decía que con la entrada en vigor de esta ley «hoy es el primer día de una sociedad distinta, que quedará transformada para bien, radicalmente y para siempre». El presidente dedicó este triunfo a «todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado contra la discriminación de su sexo y, en especial, a la memoria de Clara Campoamor, diputada en las Cortes de la Segunda República, que defendió el derecho al voto de las mujeres en 1931».
La ley trasponía sendas directivas europeas sobre igualdad en el ámbito laboral, lucha contra la discriminación y acoso sexual, y reformaba más de diecinueve normas relacionadas con el trabajo y las prestaciones sociales. La paridad en las listas electorales y el permiso de paternidad de trece días, ampliable progresivamente hasta los cuatro meses en 2013, son cuestiones llamativas del articulado.
Todos los grupos parlamentarios ratificaron la ley orgánica, salvo el Partido Popular, que se abstuvo en la votación.
Tras el triunfo socialista, otra de las promesas más arriesgadas y que muchos ciudadanos esperaban como agua de mayo era la ley que, modificando el Código Civil, posibilitaría el matrimonio entre personas del mismo sexo y, por extensión, otros derechos como la adopción, la herencia y la pensión. La Ley 13/2005 se publicó, después de mucho debate, el 2 de julio de 2005, y el matrimonio entre personas del mismo sexo fue oficialmente legal en España el 3 de julio del mismo año.
La tramitación de la ley fue conflictiva, aunque las encuestas concluían un apoyo a la normativa de casi el 70% de los españoles. Las autoridades eclesiásticas se opusieron en una lucha sin cuartel, con una defensa acérrima del modelo de familia tradicional como el único viable a los ojos de Dios y de la Iglesia. Manifestaciones a favor y en contra de la ley congregaron a miles de personas de toda España y, tras su aprobación, el Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El 11 de julio de 2005 se celebró en Tres Cantos (Madrid) la primera boda entre dos personas del mismo sexo, Emilio Menéndez y Carlos Baturín, que convivían en pareja desde hacía más de treinta años. El primer matrimonio entre mujeres se celebró en Barcelona once días después.
Durante el primer año de la ley, unas cuatro mil quinientas parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en España. Ese mismo año, la celebración del Día del Orgullo Gay se hizo coincidir con la publicación de la reforma legal en el Boletín Oficial del Estado y miles de manifestantes expresaron su apoyo a la nueva situación, considerándola un avance sin precedentes en España. El presidente del Gobierno, durante el debate final en el Congreso de los Diputados, calificó la ley como «un acto de decencia» y Mariano Rajoy, desde su escaño de líder de la oposición, acusó a Zapatero de «dividir a la sociedad desde la provocación que suponía el texto».
La Conferencia Episcopal era una olla a presión y el ruido de sotanas llevó al cardenal López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, a llamar, desde el Vaticano, a la objeción de conciencia de los funcionarios católicos a la hora de tramitar estos matrimonios, «aunque esto les costase el empleo». El Foro Español de la Familia se rasgaba las vestiduras día sí y día también y un porcentaje significativo del total de las páginas de periódicos y revistas se dedicaban de una u otra manera a esta cuestión.
En un informe del BBVA titulado «Retrato social de los españoles», se reflejaba que el matrimonio entre personas del mismo sexo era aceptado por un 66% de la población, siendo los más numerosos los jóvenes entre quince y treinta y cinco años, las personas con estudios superiores, las no adscritas a una religión y los que se identifican políticamente con la izquierda y el centro-izquierda.
Hasta el final de 2008 se celebraron en España 12.648 matrimonios homosexuales, sin que haya acaecido ninguna maldición que nos equipare a Sodoma y Gomorra..., a no ser que la crisis económica que nos atenaza se asimile a las plagas de Egipto del siglo XXI.
Aún no se habían apagado los ecos de la polémica cuando entraba en el Boletín Oficial del Estado para su publicación la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificaban el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de Separación y Divorcio. Se trataba de agilizar los trámites y facilitar la disolución del vínculo, saltándose el periodo de separación como paso previo obligatorio y eliminando la necesidad de alegar causas para obtener el divorcio. O sea, que a los matrimonios heterosexuales se les facilitaba la ruptura y a los gays la boda. ¡En fin, el mundo al revés!
Y el Gobierno pensaba: vamos a cambiar de tercio y soseguemos los ánimos. Así se inició la tramitación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, coloquialmente conocida como Ley Antitabaco. La medida se dirigía fundamentalmente a la prohibición de fumar en los centros de trabajo donde, por tradición, estaba permitido. En otros lugares públicos había que distinguir la zona de prohibición, con espacios habilitados para fumadores, medida a todas luces insuficiente. Total, un lío...
Las Comunidades Autónomas son las responsables de vigilar el cumplimiento de esta ley, pero algunas presididas por el Partido Popular, como Madrid, Valencia o La Rioja, han planteado normas propias que la suavizan o han obviado deliberadamente la creación del régimen sancionador pertinente. Ello ha llevado a que España tenga el dudoso honor de poseer una de las situaciones más caóticas de toda Europa en la materia, causando inseguridad jurídica a los ciudadanos en función del lugar en el que residen. La Unión Europea ha lamentado esta situación.
Como en tantos lugares de trabajo, la Ley Antitabaco modificó la vida y las costumbres de la Presidencia del Gobierno, «Espacio sin humo» en todos sus edificios e instalaciones, en los que de inmediato se retiraron todos los ceniceros. Decenas de trabajadores se agolpan cada día en las puertas y se apiñan en balcones y ventanas para echar el pitillo tras el almuerzo o el café.
Pero la reina de las leyes en cuanto a su aplicación absolutamente caótica en todo el territorio nacional es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Conocida abreviadamente como Ley de Dependencia, fue presentada por el propio presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, el 5 de marzo de 2006 en un acto público. Aprobada el 20 de abril por el Consejo de Ministros, inició su andadura gradual el 1 de enero de 2007. Puede que sea la ley de mayor importancia en un país que, como el resto de Europa, envejece a toda velocidad y que pretende sentar las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financiará los servicios necesarios para las personas dependientes por enfermedad, vejez o accidente invalidante.
A día de hoy, solo siete Comunidades Autónomas pagan las ayudas que establece la Ley de Dependencia, mientras que el resto continúa con los interminables trámites para los eventuales beneficiarios. Los más optimistas confían en aplicarla antes de acabar el año 2010. En esta ocasión, también son Madrid y Valencia las más retrasadas y sus Gobiernos populares no consideran finalizado el proceso de debate con el Gobierno nacional sobre el desarrollo de la ley. Una vez más, la organización territorial de España dificulta el principio de igualdad y solidaridad entre todos los ciudadanos, vulnerando derechos irrenunciables.
¿Y qué me dicen de la Educación para la Ciudadanía? ¿Alguien recuerda una lucha más encarnizada por los contenidos de una asignatura escolar?
Tal vez convendría remontarse a los orígenes de esta iniciativa, que no corresponde a Zapatero y su Gobierno socialista, sino que cumple con una recomendación del Consejo de Europa de 2002, en la que se afirma que «la educación para una ciudadanía democrática es esencial para la misión principal del Consejo, como es promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y principios de libertad, pluralismo y derechos humanos que constituyen los fundamentos de la democracia». Estas frases, por otra parte grandilocuentes, constituyen el sustrato de un texto recomendado por ese organismo internacional a sus Estados miembros. Entonces, ¿por qué tanto revuelo entre las filas populares y los miembros del clero, cuyo discurrir suele coincidir por caminos divinos e inescrutables?
Los puntos más criticados por la Iglesia católica y sus acólitos son los relativos a la educación sexual, la aceptación de familias multiparentales mediante una visión alternativa de los valores tradicionales y, en resumen, un fin laicista y de adoctrinamiento estatal. El entonces arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, señaló que los centros que impartan esta asignatura «colaborarán con el mal». Desde escaños y pulpitos, se animó a los padres a la objeción de conciencia, que fue rechazada por el Gobierno y, finalmente, el 28 de enero de 2009, el Tribunal Supremo, tras dos días y medio de deliberaciones para solventar el recurso interpuesto, unificó doctrina fallando en contra de la objeción a la asignatura por una amplia mayoría de veintidós votos a favor y siete en contra.
Y para hacer el triple salto mortal, redoble de tambores, porque el 31 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados aprobaba la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Para entendernos: la Ley de la Memoria Histórica.
Con la llegada de la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y leyes específicas que trataban de compensar las penalidades y sufrimientos de aquellos que padecieron los avatares de la guerra en el bando republicano o prisión en la época franquista. Todas estas disposiciones regulaban pensiones, indemnizaciones o reconocían derechos para las víctimas y sus familias. Por supuesto, la Ley de Amnistía 46/1977, de 15 de octubre, fue la primera.
La verdad es que el programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 no incluía mención alguna a la «memoria histórica». Pero el proceso se inició con la creación de una Comisión Interministerial, presidida por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, encargada de estudiar la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y buscar su rehabilitación moral y jurídica, además de la apertura de fosas comunes en las que se suponen yacen los restos de los represaliados. Sin duda, es en este último aspecto donde radica la polémica.
El Partido Popular y un variado elenco de medios de comunicación de carácter conservador criticaron estas propuestas alegando que abren viejas heridas y llegando a afirmar que con esta ley Zapatero pretendía «ganar la Guerra Civil, que se enterró con la Transición». En su defensa, el Gobierno alegaba que era necesario recordar para no cometer los mismos errores y que el objetivo es cicatrizar las heridas de una gran parte de los españoles que tiene que cargar con aquella humillación, además de no saber dónde se encuentran los cadáveres de sus familiares muertos.
