Hay Alternativas (9 page)

Los que se consideran a sí mismos los economistas capaces de decir a la sociedad lo que debe hacer, los que dicen que ahora hay que recortar salarios y pensiones porque presumen de que saben lo que va a pasar dentro de cincuenta años, resulta que no se dieron cuenta de la crisis que se nos venía encima cuando ya casi todo el mundo la sentía sobre sus espaldas.

En nuestra opinión todos estos comportamientos indican que para salir de la crisis es preciso también un cambio radical en el estatuto que tienen las autoridades monetarias y establecer un control social mucho más directo y auténtico sobre la clase política y sobre los poderes públicos, como la magistratura (que en tantas ocasiones ha sido aliada del poder financiero), para evitar que las finanzas se conviertan en un auténtico territorio sin ley. Es decir, para salir de la crisis hace falta también mucha más democracia, democracia real, como veremos en el capítulo IX.

La causa más inmediata de la crisis es, tal y como hemos señalado, la falta de financiación a empresas y consumidores.

Por tanto, es cierto que si no se garantiza que vuelva a fluir será imposible que se salga de la crisis con suficiente seguridad y fortaleza, tal y como estamos viendo que ocurre claramente en España.

Pero lo grave de esta crisis es que esta primera e inmediata condición no es suficiente para salir adelante, en ningún lugar del mundo pero de un modo especial en nuestro país. Si se consiguiera que hubiera financiación suficiente pero se dirigiera al mismo tipo de actividad productiva y para llevarla a cabo de la misma forma y con el mismo uso que hasta ahora, los problemas estructurales que han coadyuvado a que la crisis se produzca volverán a aparecer y de nuevo nos encontraríamos en una situación insostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social.

Como vimos en el capítulo anterior, la crisis singularmente grave de España, sobre todo desde el punto de vista del empleo, es el resultado de la combinación de varios factores de perturbación que tienen su origen en la prevalencia de un modelo de crecimiento que provoca la insuficiencia estructural de recursos endógenos, la utilización demasiado intensiva de recursos naturales y gran desigualdad y endeudamiento. Tres circunstancias que a medio, e incluso a corto plazo, son insostenibles y, por tanto, incapaces de soportar la generación de la actividad y el empleo a lo largo del tiempo. Si queremos salir de la crisis con más empleo y bienestar social, debemos empezar a sostener la actividad económica en otro tipo de actividades caracterizadas por un uso diferente, más equitativo, racional y sostenible de los recursos materiales, humanos y naturales.

Nuevas actividades productivas

Nos guste o no, es completamente imposible que España vuelva a recobrar los niveles de crecimiento y empleo de años anteriores basándose de nuevo en actividades vinculadas a la construcción, tanto en el sector inmobiliario como en el de infraestructuras de carácter tan claramente antieconómico y antisocial como los trenes de alta velocidad, las autovías o incluso los transportes de metro de la mayoría de las ciudades, concebidos y diseñados casi en exclusiva para proporcionar beneficio a sus constructores.

Por tanto, es imprescindible orientar los recursos a la generación de otro tipo de actividades de las que hoy día son capaces de generar mayor valor añadido y, al mismo tiempo, empleo, como, entre otras, las que tienen que ver con las energías renovables, con la innovación y las nuevas tecnologías, con la cultura, el ocio y la creación, con el reciclaje y el medio ambiente, con la agricultura, con los servicios sociales y los cuidados y, siempre, con las que permiten la producción más directa y descentralizada de los bienes y servicios que necesita la población o un componente más humano y cercano de conocimiento, habilidades personales o materiales y formación.

El problema para el desarrollo de esta nueva gama de actividades es que no hacen falta solamente muchos recursos financieros y humanos e incentivos potentes para promocionarlas y ponerlas en marcha. También se necesitan mercados, sinergias productivas y sectoriales, es decir, interrelaciones y apoyos de unas actividades con otras, experiencia, transportes adecuados, conocimientos previos para diseñarlas y materializarlas, empresas y organizaciones adecuadas para crearlas y desarrollarlas. Y, por supuesto, demanda solvente, no sólo con ingresos suficientes sino con preferencia hacia este tipo de nuevas actividades. Es decir, necesitan en realidad un nuevo tipo de sociedad, lo que nos enfrenta a una gran disyuntiva: cambiar es difícil pero continuar por el mismo camino es sencillamente suicida.

El difícil cambio de modelo

España se enfrenta a esta exigencia de cambio con tres grandes dificultades. La primera que, salvo en casos singulares, carece de casi todos esos requerimientos, al menos con la dotación o la generalidad necesarias.

Esta insuficiencia impide que el proceso de cambio productivo pueda ser solamente el resultado de fuerzas anónimas o impersonales de mercado. Se trata de una carencia más bien de capital social que de capital físico o financiero, en el sentido de que lo que se necesita es un tipo específico de contribución a la creación de renta nacional y de interrelación entre los sujetos económicos más que «dinero» o recursos materiales. Y, por esa razón, sólo puede ser el final de un proyecto social compartido, negociado, prediseñado y combatido porque, lógicamente, habría de enfrentarse a los intereses económicos y financieros que apuestan por un modo de entender la economía que lleve simplemente a la ganancia privada y de la forma más rápida y segura. Por eso un cambio como éste no es posible sin una presencia muy importante de los poderes públicos (en el sentido más estricto y radicalmente democrático de la expresión) como reflejo de las preferencias sociales y como garantía de que éstas se respetan a la hora de tomar decisiones. Y por eso es fundamental oponerse a la estrategia de debilitar el sector y la iniciativa pública que promueven los intereses que sólo buscan el beneficio. Lejos de ello, hay que fortalecerlos no sólo económicamente incrementando el gasto público, sino también políticamente, reforzando sus competencias y ampliando la forma en que la ciudadanía puede formar parte de ellos.

La segunda dificultad proviene de que España tiene hoy día la mayoría de sus recursos, una gran parte de su inteligencia colectiva, las grandes organizaciones y las empresas necesarias para servir de base a nuevas actividades (en energía, telecomunicaciones, transportes, distribución y finanzas, sobre todo), su sistema formativo y las actividades hasta ahora más capaces de generar ingresos vinculados a intereses foráneos como resultado de las privatizaciones ya llevadas a cabo y de la compra masiva de empresas y grupos de empresas españolas por capital extranjero.

Esto plantea la necesidad de poner sobre la mesa algo sobre lo que muy pocos quieren o se atreven a hablar pero que es crucial para el futuro de la economía española: la recuperación para la sociedad de las empresas que fueron privatizadas inútilmente, siguiendo simples criterios ideológicos neoliberales que sólo buscan beneficiar a grupos e intereses privados, y produciendo un perjuicio gravísimo, del que algún día tendrían que responder sus responsables políticos a la ciudadanía española.

A nuestro juicio será prácticamente imposible que España pueda corregir su rumbo económico y que pueda salir de la crisis sin sufrir durante muchos años sus consecuencias si no se devuelven al Estado estas empresas privatizadas y creemos firmemente que luchar por recobrarlas debe ser un objetivo patriótico al que no podemos renunciar para poder levantar nuestra economía y hacerla descansar sobre bases mucho más sólidas y equitativas.

La tercera dificultad es que una estrategia de esta naturaleza es contraria, como comentaremos en otros capítulos, a las dinámicas neoliberales dominantes en la Unión Europea y, sobre todo, a la idea según la cual lo que deben buscar las economías nacionales es ser competitivas en el exterior aunque eso, como veremos más adelante, lleve a un deterioro aún mayor de la demanda interna y al empobrecimiento generalizado.

En nuestra opinión la tendencia debe ser la contraria. No ha habido a lo largo de la historia economías que hayan llegado a ser competitivas de un modo sostenido y auténtico sin haber consolidado antes el más amplio posible y potente mercado interno. Tratar de ocupar posiciones de fortaleza en los mercados internacionales sin asegurar con anterioridad una fuente de ingresos endógenos potentes es completamente inviable, salvo que se trate de un país de dimensiones o recursos excepcionales, como pueda ser China en estos momentos.

Por eso creemos que la única estrategia capaz de lograr el cambio de modelo productivo del que casi todos los grupos políticos y sociales hablan no puede ser, como casi todos dicen, la de volcarse sin red (es decir, reduciendo nuestros salarios) en el exterior, sino la que consiga que la economía española dé la vuelta para concentrarse en sí misma, algo que de ninguna manera implica una tentación autárquica o aislacionista. Simplemente significa que se ha de anteponer a cualquier otro objetivo el de la satisfacción de la población, el del equilibrio territorial, sectorial y personal y, para que ello sea posible, el de distribuir de modo mucho más equitativo el ingreso y la riqueza.

La economía de la igualdad

Ya hemos comentado que la causa última que está detrás de la hipertrofia de las actividades financieras especulativas es la enorme desigualdad que se ha ido produciendo en los últimos cuarenta años. La continua pérdida de peso de los salarios y la concentración de las rentas en una proporción cada vez más pequeña de la población es lo que ha permitido, por un lado, que creciera el negocio bancario y, por tanto, el poder político de los banqueros como consecuencia del inevitable mayor endeudamiento que sufren principalmente las familias, los trabajadores autónomos y los pequeños y medianos empresarios.

Y, por otro, que se acumulara una cantidad tan grande de dinero ocioso, que no dirige al consumo de bienes y servicios sino sólo a la inversión ficticia en papel y productos financieros muy rentables pero de alto riesgo.

Como comentaremos con más detalle a la hora de hacer propuestas más concretas en otros capítulos, reducir la desigualdad no es sólo una cuestión de deseo moral, que ya de por sí es importante. Además es la forma de hacer que las economías, incluso las capitalistas, funcionen mejor puesto que la distribución más igualitaria proporciona ingresos más repartidos que se destinan en mayor medida a la adquisición de bienes y servicios, lo que proporciona mayor oportunidad de ventas y, por tanto, de beneficios a las empresas. Cuanto más concentrada esté la renta, menor será el volumen de producción necesario para satisfacer la demanda de consumo (que en el capitalismo sólo puede realizar quien tenga dinero) y el número de empresas necesarias para realizarla.

Los datos, como ya mencionamos, no dejan la menor duda sobre este asunto. En 1976 el 1 por ciento más rico de Estados Unidos recibía el 9 por ciento de los ingresos brutos y en los años de gobierno de Bush recibía el 20 por ciento de los ingresos brutos, apropiándose del 75 por ciento de la riqueza generada
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Además este incremento de la desigualdad no se manifiesta solamente en la concentración tan exagerada de la renta que se canaliza hacia los mercados financieros sino que tiene una manifestación multidimensional que afecta de forma negativa a todos los aspectos de la vida social.

Por eso la única forma de salir con certeza de la crisis y de evitar que otras más graves vuelvan a producirse con mayor fuerza de las que se vienen produciendo, y, por supuesto, la mejor y más auténtica vía para avanzar hacia una sociedad más justa y humana, es combatir la desigualdad en todas sus manifestaciones.

Desde el punto de vista económico eso implica actuar de forma inevitablemente complementaria en dos frentes.

Por un lado, en los procesos en donde se originan los ingresos, es decir, en la retribución por el uso del trabajo y del capital del que disponga cada uno.

Por otro, en el campo de la llamada redistribución de la renta, que es la que lleva cabo el Estado a través de su gasto público (mediante pensiones, servicios públicos, ayudas, becas, subvenciones, etcétera) o de los impuestos para tratar de corregir la distribución «originaria» anterior.

La actuación debe ser complementaria en ambos campos porque si la distribución originaria es muy desigual será muy costoso reducirla, no sólo financieramente sino también políticamente porque los más beneficiados adquirirán de esa forma mucho poder y podrán evitar que se tomen medidas correctoras.

Y además porque, aunque la distribución originaria sea más o menos igualitaria, siempre habrá circunstancias personales, accidentales o no deseadas que requieran la acción correctora o paliativa del Estado.

Lograr que en los mercados de factores productivos, donde se retribuye al trabajo y al capital, se produzca una distribución más igualitaria no es fácil y la experiencia nos dice que resulta casi imposible si se deja que los trabajadores que intervienen no tengan protección alguna, por la sencilla razón de que parten de una posición muy desigual a la hora de negociar.

Los factores que desprotegen a los trabajadores y que los llevan a tener que aceptar condiciones salariales o retributivas más desfavorables (disminuyendo tanto su salario individual como su salario colectivo, protección social), y por tanto los que aumentan la desigualdad originaria, son muy variados y no sólo económicos: escasa presencia de sindicatos, negociación «uno a uno» o poco centralizada, desempleo abundante, falta de formación, carencia de normas o leyes laborales que fijen derechos laborales, etcétera. Todos ellos dejan más solos a los trabajadores frente a sus empleadores y, por tanto, hace que éstos dispongan de mayor poder para imponerles peores condiciones de salario y trabajo.

Lo que precisamente ha ocurrido en los últimos años es que los propietarios del gran capital han logrado imponer a través de políticas y reformas legales estas circunstancias que son las que han hecho que disminuyan los salarios en el conjunto de las rentas, la participación de los trabajadores en el reparto de la tarta y que, en consecuencia, aumente la desigualdad. Y lo que a corto plazo resulta, por tanto, imprescindible es invertir esta tendencia para lograr una distribución de los ingresos más equitativa porque sólo de esa forma se va a poder conseguir que se amplíe la demanda solvente, lo que, en las condiciones de economías capitalistas de mercado en las que nos encontramos, se necesita para que se puedan producir más bienes y servicios.