El Sistema (42 page)

Es difícil creer, por apresurado que haya podido ser el preámbulo de la intervención, que el sentido común de lo jurídico no aconsejara evitar que personas que son ejecutivos de otros bancos pudieran sentarse en el órgano de administración de Banesto. Es un argumento tan evidente, tan notorio, tan fácil, que no se comprende por qué no se ha eludido la posibilidad de utilizarlo. No me preocupan en estos momentos las consideraciones jurídicas de posible violación de las normas de competencia bancaria. Ese aspecto, como otros, está recogido en el recurso interpuesto frente al acto de intervención. Ahora estoy razonando en términos de credibilidad social de la actuación del Banco de España y, en este terreno, me parece claro que mucha gente no comprenderá cómo es posible que una persona que desempeña una función profesional en un banco de la competencia de Banesto pueda sentarse en el órgano de administración o desempeñar puestos ejecutivos directos, que permiten el acceso al conocimiento de los datos internos de Banesto, de su base de clientes, de la estructura de su pasivo y activo, de quiénes y por qué trabajan con el banco, etcétera. No cabe duda de que es una información muy importante que tiene que interesar a quienes son ejecutivos de la competencia.

Pero el asunto es todavía más grave. Algunos de los ejecutivos inicialmente designados en los primeros días de enero de 1994 han abandonado Banesto y el resto lo hará como consecuencia de la adjudicación del banco a un grupo comprador. El capital intelectual es inexpropiable y, por consiguiente, toda la información que hayan recogido en estos meses se trasladará con ellos a sus bancos de origen. No solo se trata de esa sensación de transitoriedad que provoca el ver que personas nombradas por el Banco de España y que se presentaron como el equipo profesional para reflotar Banesto lo abandonan tres o cuatro meses después, sino que, además, disponen de información confidencial que ha sido obtenida durante el período de tiempo en el que, teóricamente, debían haber destinado sus esfuerzos a «reflotar» Banesto.

El gobernador Luis Ángel Rojo, en su comparecencia del día 30 de diciembre, justifica esta decisión con las siguientes palabras: se trata de «asegurar que todo el sistema financiero está detrás». Esta frase me parece importante: quiere transmitirse a la opinión pública la sensación de que no se trata de una decisión exclusivamente tomada por el Banco de España, sino coparticipada por todo el sistema financiero que, de esta manera, asume una posición de corresponsable con el acto de intervención.

De nuevo funciona una especie de reflejo: implicar a todo el Sistema, hacer que funcione en su conjunto, demostrar la fuerza de sus relaciones reales de poder. El asunto Banesto, de esta manera, no era solo una decisión técnica del Banco de España, sino que tenía que corresponder a todo el Sistema. En la parte financiera, la apelación a la comunidad bancaria y las posteriores aclaraciones del gobernador, dejaban el asunto fuera de duda, al menos en mi opinión. En cuanto al Gobierno, desde el primer momento el ministro de Economía accede a comparecer conjuntamente con el gobernador para explicar el acuerdo de intervención, si bien es justo reconocer que, tanto en esa comparecencia como en las actuaciones posteriores, siempre se percibe un cierto intento de marcar distancias entre el Gobierno y el Banco de España, en el sentido de que la decisión es del Banco de España. El ministro Solbes, en su comparecencia ante el Congreso el 30 de diciembre, comenzó afirmando que se trataba de dar cuenta «del acuerdo tomado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España», indicando de esta manera quién era el responsable de la decisión, si bien añade a continuación que el Gobierno ha prestado su «respaldo» a dicho acuerdo. Sin embargo, el tono general de la intervención del ministro es de referencias constantes a las actuaciones del servicio de inspección del Banco de España, e incluso cuando trata brevemente de la no aceptación del plan presentado por Banesto, lo hace diciendo que «a juicio del Banco de España» el programa no era suficiente.

A pesar de este cierto distanciamiento del Gobierno, la verdad es que, por una vía u otra, funcionó el «respaldo» a la decisión del Banco de España. Obsérvese la cadena: se inicia con los servicios de inspección: sus comentarios y opiniones tienen que ser «creídos» por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco de España y las decisiones de este órgano tienen que ser respaldadas por la comunidad bancaria, implicándose activamente en la decisión y, además, por el Gobierno, aun con esa distancia que puede tener un valor táctico o político. El resto, medios de comunicación social y partidos políticos, funcionarán igualmente de forma coordinada.

En las páginas anteriores he descrito un proceso que concluye el día 28 de diciembre de 1993 con la notificación formal del acuerdo de intervención. Como he insistido reiteradamente en varias ocasiones, de dicho proceso me interesan aquellos aspectos que pueden contribuir a demostrar o, al menos, a sugerir con datos que en el acto de intervención existen claros componentes políticos, entendiendo por tales el funcionamiento coordinado del Sistema. Por ello renuncio a otros aspectos que, pudiendo tener interés o incluso ser atractivos desde la óptica de la pormenorización en los hechos de un asunto de tanta trascendencia, no contribuyen, sin embargo, a la finalidad que me he marcado al escribir este libro.

Como hemos comprobado anteriormente, en el acto de intervención aparecen directamente involucrados tanto el Banco de España como el sistema financiero en su conjunto, que decide formar parte del órgano de administración de Banesto, como prueba evidente del soporte a lo actuado. Igualmente se consigue el «respaldo» del Gobierno, aunque, como antes matizaba, con cierta distancia del caso, atribuyendo siempre la responsabilidad al Banco de España como institución y a la Inspección como agente directo. Pero con ello el proceso no estaba, ni mucho menos, concluido.

No solo por la indudable trascendencia social que tiene intervenir uno de los grandes bancos españoles, con miles de empleados y centenares de miles de accionistas, sino, además, las peculiaridades que concurrían en el caso Banesto —especial posición de su presidente, presencia en su capital de uno de los primeros bancos del mundo, inversiones en medios de comunicación social de clara influencia, etcétera— provocaban que fuera imprescindible la consecución de un objetivo: la comprensión y hasta el aplauso de la opinión pública por la decisión tomada. Para ello, un primer paso resultaba inevitable: la comparecencia parlamentaria.

Ésta se celebró con indudable celeridad: el día 30 de diciembre, apenas dos días después del acto de intervención, el ministro de Economía, señor Solbes, y el gobernador del Banco de España acudían juntos a la Comisión de Economía del Congreso para explicar lo sucedido. En varias ocasiones he hecho referencia a la citada comparecencia, puesto que las palabras entonces pronunciadas, vistas con la perspectiva que proporciona el tiempo transcurrido, tienen un indudable valor. Ahora quiero demostrar cómo los diferentes partidos políticos no solo no entraron a discutir la decisión adoptada, sino que, además, dicha comparecencia se convirtió exactamente en lo que se había deseado que fuera: un apoyo global de la Cámara a las decisiones del Banco de España.

Tiene toda la lógica política que sea el representante del Grupo Socialista el que aproveche la ocasión para respaldar, felicitar y tratar de extraer consecuencias generales de lo actuado. Por tanto, a nadie debe extrañar que el señor Hernández Moltó, representante del Grupo Socialista en la Comisión, diga las siguientes palabras: «En este sentido, creo que cabe felicitarnos por que exista un reconocimiento tanto nacional como internacional de la eficacia y la diligencia con la que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores como el propio Banco de España, como el propio Ministerio de Economía y Hacienda han actuado en las últimas horas».

Si algo resulta evidente es que el día 30 de diciembre no existía ningún tipo de reconocimiento «internacional» acerca de lo sucedido. Antes al contrario y, como uno de los responsables de la intervención reconocía expresamente algunos días después, en los medios financieros internacionales la decisión no se había comprendido, no se entendía nada, sobre todo teniendo en cuenta el éxito de la macroampliación de capital efectuada por nosotros en el mes de julio de 1993, y por eso empezó a fraguarse la expresión de «decisión africana» para referirse al comportamiento de las autoridades españolas en este caso. Pero, insisto, es comprensible que el señor Hernández Moltó quiera presentar la cuestión a favor del grupo político a quien, teóricamente al menos, cabría atribuir la responsabilidad de la decisión.

Pero, como decía, el portavoz socialista trata de extraer consecuencias más generales y concluye su intervención: «La verdad es que también hay que aprovechar esta ocasión para hacer un planteamiento y un canto de confianza a un sistema jurídico-financiero español... porque se ha puesto de manifiesto que ha sido la mejor garantía para solucionar un problema de estas características». Es absolutamente lógico, en el terreno de la lógica política, que estas sean las palabras del representante del Grupo Socialista, quien, por otra parte, y justo es reconocerlo, no quiso entrar en excesivos detalles ni en planteamientos de responsabilidades o soluciones de futuro, limitándose a aplaudir tanto una decisión como un sistema jurídico-financiero.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida fue el único en plantear la posibilidad de que en el acto de intervención existieran motivaciones de naturaleza política. Lo hizo de forma negativa, como negándose a creer que fuera posible. «Nos gustaría, al mismo tiempo, descartar totalmente que en lo que acaba de suceder hubiera cualquier atisbo de maniobra política. Esperamos que no haya ningún atisbo de maniobra política en función de aquello a lo que cada ciudadano tiene derecho, es decir, de participación en la política.» Es curiosa esta referencia a «lo que cada ciudadano tiene derecho a hacer: participar en la política». Parece querer dar a entender el señor Frutos que podría existir alguna finalidad última, y es evitar que ese ciudadano (que supongo que se referirá a mí) pueda participar en política. ¿Es que tenía alguna información a este respecto el señor Frutos? Si es así, desde luego no dejó constancia de ella ante la Comisión del Parlamento.

Lo curioso de la intervención del señor Frutos es que afirma hechos que yo creo que lógicamente no puede conocer. Después de que tanto el ministro como el gobernador dijeran claramente y en repetidas ocasiones ante la Comisión que la cifra de 500 000 millones de pesetas nada tiene que ver con el «agujero» de Banesto, el señor Frutos, sin embargo, dice expresamente que el problema consiste en que se denuncia un agujero de 500 000 millones de pesetas. ¿Por qué? ¿Qué finalidad persigue? ¿Por qué no acepta la explicación del ministro y del gobernador? El asunto del «agujero» es muy sensible de cara a la opinión pública, puesto que parece dar a entender que es una cantidad de dinero que falta y si falta es por alguna razón. Sinceramente, no creo que el señor Frutos participase de ninguna estrategia de este tipo, pero lo cierto es que afirma rotundamente lo que el gobernador niega. Incluso llega más allá: fíjese el lector en la siguiente afirmación del representante de Izquierda Unida:

Es verdad que Banesto asumió más riesgo que los grandes bancos en la captación de activos de forma agresiva e irresponsable y en la concesión de créditos de forma leve.

¿Cómo puede saberlo el señor Frutos? ¿Qué grado de conocimiento de las cuentas interiores de Banesto tiene como para formular una sentencia de ese tipo? ¿Cuándo había dispuesto de tiempo el señor Frutos para examinar nuestros procedimientos de captación de recursos y de concesión de créditos para calificar a los primeros de irresponsables y a los segundos de leves? ¿De quién estaba recibiendo la información para sustentar tales afirmaciones? Son todas ellas preguntas sin respuesta.

Pero, en mi opinión, el comportamiento más llamativo es el correspondiente a los grupos políticos Convergència i Unió y Partido Popular. El primero mantiene un pacto con el Partido Socialista y no cabe duda de que ello tendría que tener sus consecuencias en una intervención de este tipo. Pero es un grupo político que representa a una burguesía catalana, amante de la libertad, respetuosa con la propiedad privada, y ello también debería haber pesado en las palabras de su representante. Incluso más: el líder de Convergència i Unió, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat y uno de los políticos de mayor peso específico en la España actual, había sufrido las consecuencias de una intervención del Banco de España en Banca Catalana, siendo precisamente el señor Pujol uno de los máximos responsables ejecutivos de la gestión de dicho banco. Pero nada de esto parece ser que produjera efecto en el ánimo del representante del grupo catalán en la Comisión del Consejo. Sus palabras merece la pena recogerlas aquí:

Creo, señor presidente, que la intervención del Banco de España evita riesgos de futuro, da tranquilidad a los clientes y acreedores del Banco, da plenas garantías para la disponibilidad de depósitos y ahorros... Por tanto, valoramos que esta decisión y esta actuación son positivas y son buenas. Por consiguiente, sin ninguna duda, convalidamos esta actuación que han llevado a cabo el Banco de España y el Gobierno. En este sentido también hay que hacer constar el acierto de los bancos que han adoptado una decisión responsable dando con ello imagen de gran solvencia del sistema financiero.

En apenas cuarenta y ocho horas, sin información básica —al menos, que yo sepa—, no solo se acepta sin discutir una decisión de esta envergadura, sino que, además, se felicita a todo el mundo por haberla adoptado, tanto al Banco de España como al Gobierno, como al conjunto de bancos que forman parte del sistema financiero. No son precisos más comentarios.

El Partido Popular, como principal partido de la oposición, y teniendo en cuenta los intereses conceptuales que debería representar, hubiera debido adoptar, en mi opinión, una postura de mucha mayor cautela ante un asunto de esta envergadura. Primero, porque se trataba de un acto de intervención de una empresa privada de gran envergadura en este país. Este dato, por sí solo, es suficiente para que la aproximación a la explicación oficial fuera cautelosa. Segundo, porque, al menos que yo conozca, el Partido Popular no disponía de informes técnicos que avalaran la decisión. Tercero, porque sí disponía —por el contrario— de información acerca de lo sucedido en las horas anteriores a la intervención y, concretamente, de la existencia de la carta de J. P. Morgan a la que hice referencia en páginas anteriores. Incluso, como escribía anteriormente, el señor Aznar, según un miembro muy caracterizado de su partido, pronunció la frase de que «si yo vendía mis acciones al BBV no ocurría nada».