El Sistema (45 page)

Creo que en este editorial se contienen unas ideas muy precisas en torno al suceso: no solo no fueron los consejeros de Banesto quienes vendieron acciones con información privilegiada, sino que fue un miembro destacado del órgano del Banco de España que decidió la intervención. La Comisión Nacional del Mercado de Valores impuso a T. Ramón Fernández Rodríguez una multa de 15 millones de pesetas por su actuación en este punto. El 20 de julio de 1994, el diario
El Mundo
publicaba otra noticia de gran impacto: Valores Bilbaínos, S. A., una sociedad patrimonial de Emilio Ybarra, presidente del BBV, había vendido acciones de Banesto el mismo día de la intervención. Sin embargo, en este caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitió un comunicado diciendo que no encontraba pruebas de que se hubiera actuado con información privilegiada. El lector podrá obtener por sí mismo las conclusiones pertinentes.

Pero el asunto no afecta solo al hecho de que se hubieran realizado transacciones disponiendo de este tipo de información privilegiada, sino que va más allá, porque el Banco de España, en un informe oficial emitido por los servicios jurídicos con fecha 1 de febrero de 1994, justifica que no se concediera a Banesto audiencia previa alegando la razón de que su presidente, incumpliendo su deber de secreto, y los consejeros, al ser informados por aquel, procedieron a alterar el mercado de acciones del banco, precipitando la medida de sustitución de administradores e imposibilitando el trámite obligado de la previa audiencia. Estas son las palabras literales del citado documento oficial del Banco de España:

Y tampoco parece preciso explicar más por qué no se dio el trámite de audiencia: la sola insinuación al presidente de Banesto de la medida, sobre la que debió guardar secreto, o quizá el traslado de la noticia al resto de los consejeros, que también debieron guardar secreto, dio lugar a una alteración en el mercado de valores que obligó a suspender la cotización, y esta a precipitar la medida de sustitución.

Son palabras que a cualquier espíritu mínimamente sensible, no solo con el respeto al derecho sino a la simple verdad, tienen que causarle estupor. Obviamente, no se me «insinuó» la medida —temas de tanta trascendencia no se «insinúan»— sino que se me dijo formalmente que estaba convocada una reunión del Consejo Ejecutivo del Banco de España, para esa misma mañana, el día 28 de diciembre de 1993, con el propósito de intervenir Banesto, si bien es verdad que poco después se me concedió un plazo de tres días que, finalmente, no fue respetado. Es obvio que yo guardé secreto, sencillamente porque me convenía y, además, porque había que actuar dentro del citado plazo. De la misma manera se comportaron los consejeros de la Comisión Ejecutiva de Banesto. En cuanto al resto de los componentes del Consejo de Administración, cuando se enteraron de la noticia ya no existían legalmente en cuanto tales. Pero, al final, la realidad ha venido a situar en sus justos términos estas palabras de los Servicios Jurídicos del Banco de España.

Por tanto: primero, los consejeros de Banesto no vendieron acciones; segundo, quien lo hizo fue un miembro del Consejo del Banco de España, quien, además, como antes escribía, ha sido sancionado específicamente por ello; tercero, una sociedad, propiedad del presidente del banco que proporcionó el equipo gestor nombrado por el Banco de España, también vendió acciones el mismo día de la intervención, aunque en este caso, según la CNMV, no existían pruebas de utilización de información privilegiada. Ignoro si existen otras personas que pudieran haber vendido acciones ese día o los inmediatamente anteriores, porque, a pesar de que formulamos un requerimiento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que nos proporcionara información sobre este punto, recibimos del citado órgano una respuesta negativa a nuestra pretensión; pero no me extrañaría que en el futuro pudieran descubrirse otros nombres que hubieran actuado de la misma manera; cuarto, la razón en la que se fundamenta el informe es, por consiguiente, rotundamente falsa; quinto, nosotros no violamos el deber de secreto sino que, por el contrario, quien parece haberlo hecho es, precisamente, el Banco de España; por último, cuando ese informe se redactó es más que posible que sus autores supieran quiénes habían vendido y quiénes no, a pesar de lo cual las palabras transcritas más arriba aparecen en un documento oficial del Banco de España. Creo que todo ello es altamente esclarecedor, aunque, sin duda, también lamentable.

• Que determinadas sociedades instrumentales de la Corporación Industrial recogían autocartera y operaciones similares
  . Uno de los profesionales que prestó sus servicios en Banesto durante mi presidencia y que permaneció en el banco después del acto de intervención fue sometido, pocos días después del 28 de diciembre, a un interrogatorio por parte de los gestores designados por el Banco de España con el fin de localizar la existencia y situación de tales sociedades instrumentales. Era lógico que los nuevos gestores adoptaran esta medida, porque estaban convencidos de que así era. Cuando una y otra vez se informó de que tales sociedades no existían, la incredulidad inicial comenzó a transformarse, por la fuerza de los hechos, en constatación de la evidencia.
  
• Prácticas de dilución de activos
  . Una frase similar figura en el acuerdo de intervención. Cuando la leí por primera vez no era capaz de entenderla, no sabía a qué se estaba refiriendo el Banco de España. Pocos días después, como consecuencia de confesiones de los nuevos gestores, me llegó la información de que se trataba del Banco Totta y Azores. El asunto era tan descabellado como lo siguiente: Banesto era propietario directo del 25 por ciento del banco portugués Totta y Azores. El restante 25 por ciento, por limitaciones —por cierto, ilegales desde el punto de vista de la Comunidad Europea— establecidas por la legislación portuguesa, se encontraba a nombre de sociedades teóricamente portuguesas que habían adquirido las acciones mediante un préstamo de Banesto que debería pagarse en acciones del Banco Totta. Es decir, una construcción por cuya virtud Banesto, cuando desaparecieran tales limitaciones, se aseguraba el control del Banco Totta. Aunque al lector pueda parecerle increíble, lo cierto —según informaciones que he recogido— es que en algunos círculos se pensaba que ese restante 25 por ciento era un montaje de tal naturaleza que podía quedarse en manos del anterior Consejo de Banesto. Los nuevos gestores descubrieron que era propiedad del banco, que jurídicamente estaba bien diseñado para garantizar la inversión de Banesto, que las limitaciones legales de Portugal eran contrarias a la legislación europea y que no existía otro problema distinto del que se derivaba de nuestro intento de llevar a cabo la primera operación verdaderamente multinacional que ha efectuado la banca española.
  

Después de toda esta casuística, solo quedaba imputar percibo de pagos ilegales. Este es uno de los puntos claves: transmitir la imagen de que, en un contexto de deterioro económico de Banesto, yo personalmente había conseguido lucrarme. Ya he relatado la experiencia de la empresa internacional Kroll en los temas Sansón y UBS. Pero nada concreto ha conseguido ver la luz en estos meses transcurridos. Es necesario tener en cuenta que el día 28 de diciembre, a primeras horas de la mañana, es la primera vez que tengo información acerca de que pueden intervenir Banesto. A las seis de la tarde Banesto tenía ya un nuevo presidente nombrado por el Banco de España que tomaba posesión del despacho. Aunque el lector no sea un experto en gestión empresarial, creo que podrá comprender fácilmente que si se produce un cambio tan repentino en la gestión de una gran empresa, sin tiempo físico para reaccionar, y un nuevo equipo se dedica a la tarea policial de tratar de descubrir «cosas extrañas», es prácticamente imposible que no lo consiga, sobre todo aplicando la vieja táctica del vaso «medio lleno o medio vacío». Por eso, un político español a quien respeto desde hace tiempo aunque no comparta sus ideas políticas, me dijo poco después de la intervención en un encuentro casual: «Supongo yo que algún papel te habrás dejado sin recoger». Hasta el momento parece que no.

En cualquier grupo económico, español o extranjero, que tenga ramificaciones financieras o industriales, y en el que se produjera un movimiento con la rapidez que tuvo la intervención de Banesto, estoy seguro de que no me resultaría excesivamente complejo encontrar una serie de vasos «medio vacíos». Pero eso no era lo importante, sino transmitir la imagen al exterior de que se llevaban a cabo operaciones ilegales, con el propósito, insisto, de «hacer malos» a los receptores de un acto que, por su propia naturaleza, tenía que «hacerse bueno».

Pero nada se concretaba. Los rumores acerca de determinadas operaciones ilegales circulaban por Madrid. Era ciertamente difícil contestar, puesto que, al no existir ningún dato, ninguna operación, nada específico, salir a la luz pública negando lo genérico solo hubiera tenido costes de imagen para nosotros. La paciencia se convertía en un arma imprescindible. Era necesario esperar y ver en qué se concretaban esas acusaciones. Teníamos por delante un expediente administrativo que el Banco de España había decidido instruir sobre nosotros, lo cual, por cierto, era lógico puesto que se trataba de un paso imprescindible para tratar de justificar la intervención. Por fin recibimos el pliego de cargos. En él se contenía un punto quinto que se dedicaba a «relativos a la realización de actos fraudulentos y la utilización de personas interpuestas».

Leí el expediente con cierto detenimiento y una primera impresión vino a mi mente: se estaba tratando de justificar la intervención por esos pretendidos actos fraudulentos. El esquema tenía su lógica. Había fracasado el intento de mantener la independencia de Banesto, el mercado había negado el valor de las acciones pregonado por el señor Sáenz y por el gobernador, la caída de depósitos había traspasado todos los límites previsibles, el Banco de Santander había pagado una cantidad muy superior a las estimaciones oficiales, la opinión pública crecía en cuanto a convencimiento de la existencia de factores políticos en el acto de intervención. Algo estaba saliendo mal. Era necesario acudir a un expediente justificativo. Si el banco no estaba tan mal había que decir que los gestores cometían actos fraudulentos.

Estas ideas estaban claras dentro de mí, pero algo me demostró lo que estaba ocurriendo: la filtración al diario
El País.
El lector puede imaginar fácilmente que un expediente de esta naturaleza es secreto y que, por consiguiente, una institución como el Banco de España lo primero que debe hacer es mantener la seriedad en todas sus actuaciones, sobre todo cuando afectan a extremos tan delicados como imputar a unas personas la comisión de actos «fraudulentos». Pero el expediente fue filtrado, y exclusivamente a dicho diario. Es evidente que no dispongo de la prueba de que dicha filtración tuviera su origen en el Banco de España. Pero solo podía provenir de dos fuentes: o el Banco de España o nosotros. ¿Cree el lector que cualquier consejero de Banesto tenía interés en filtrar esta noticia a
El País
? Sinceramente, no parece. Por tanto, la deducción del origen oficial de la filtración tiene bastante lógica. Pero, al mismo tiempo, era una manifestación expresa de debilidad.

No hay que olvidar que el expediente administrativo que forma parte del pliego de cargos surge como consecuencia del acto de intervención de Banesto dictado por el Banco de España el 28 de diciembre de 1993. Cinco meses después de haber destituido a los anteriores administradores, de haber realizado un informe de inspección que es posterior al acto de intervención, por lo que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de expresar su opinión mientras dicho expediente se estaba instruyendo; cinco meses después de una auténtica búsqueda por parte de los inspectores del Banco de España, se formula un expediente administrativo en el que se contiene ese capítulo dedicado a los actos fraudulentos.

Ante todo, es bastante lógico pensar que un banco no se interviene por este tipo de actos. Si tales actos hubieran existido y fueran ciertos, la ley establece los instrumentos adecuados para separar a alguno o algunos de los administradores que los hubieran llevado a cabo. Pero esto nada tiene que ver con la intervención de una entidad acordada mediante el procedimiento de sustituir a todos los administradores. Es curioso, pero en esos momentos resonaron en mi mente las palabras del gobernador ante la Comisión del Congreso el día 30 de diciembre de 1993 y que han quedado recogidas páginas atrás: «Realmente nosotros no tenemos ningún tipo de animadversión a los gestores de Banesto, en absoluto. Nosotros no tenemos ningún problema que resolver con los gestores de Banesto, excepto los puramente técnico-financieros; ninguno».

La evidencia nos llevaba a pensar que, ante el fracaso de las razones «objetivas» de la intervención, se estaba tratando de justificar esta acudiendo a este expediente de actos «fraudulentos». Ciertamente era un intento de distraer a la opinión pública, pero había algo muy importante: por fin sabíamos de qué tipo de actos fraudulentos se nos acusaba. Ya disponíamos de un «catálogo» de operaciones en las que el Banco de España, después de cinco meses de búsqueda, concentraba toda su investigación. Ahora ya podíamos contestar. Por ello, elaboré una carta de respuesta dirigida a nuestro abogado, Sánchez Calero, que sirviera de base para la contestación a todas y cada una de esas supuestas operaciones fraudulentas. El diario
El Mundo
recogió parcialmente dicha carta y, al día siguiente, en un editorial al respecto, después de un análisis en profundidad tanto de las alegaciones del Banco de España como de las contestaciones que se contenían en mi carta, terminó con una frase que recogía la realidad de lo sucedido: «El Banco de España parece haber parido un ratón».

He meditado detenidamente si debía o no recoger ese documento en estas páginas. Desde luego, constituyen una oportunidad para dejar constancia del modo de actuar propio del Banco de España. Pero, finalmente, me he decidido por no hacerlo. Las razones son las siguientes: primera, la carta ya ha sido recogida por la prensa; segunda, con anterioridad a la publicación de este libro concederé entrevistas a los medios de comunicación social en donde abordaré estos temas. Por tanto, las respuestas ya habrán visto la luz. Pero, sobre todo, no quiero caer en el juego que pretende el Banco de España. En ningún caso tales operaciones fraudulentas, aun en el supuesto de ser ciertas, hubieran servido para justificar la intervención. Por consiguiente, dedicarles un apartado sería distraer al lector de la tesis central de este libro.