El Sistema (18 page)

Claudio Boada y José María Amusátegui llegan a la banca por un nombramiento de Mariano Rubio, después de provocar el cese del anterior presidente del Banco Hispano. Lo mismo sucede con Francisco Luzón, presidente de Argentaria, aunque en este último caso la justificación es mucho mayor puesto que se trata de un banco propiedad del Estado español. Igualmente, el presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, ha sido nombrado directamente por Luis Ángel Rojo, sucesor de Mariano Rubio, aunque en este caso tiene escasa significación porque se trata de un banco filial del Santander y, consiguientemente, el poder real se ejerce desde este último. Estos hechos indican el grado de dominio que se ejerce sobre la banca privada. No es exagerado decir que a través del Banco de España se ha producido una cierta nacionalización de la gestión de los bancos españoles. La frase anteriormente transcrita, proveniente de un presidente de uno de los grandes bancos españoles, en el sentido de que el Banco de España no sugiere sino que manda, es la prueba más evidente de que no estamos escribiendo ninguna exageración cuando recogemos estos juicios en estas páginas. Es una simple constatación de la realidad. Sobre todo si tenemos en cuenta que quien la pronuncia es, además, el único presidente no nombrado directamente por el Banco de España.

De esta manera se cierra el ciclo. Un conjunto de personas se atribuyó la inteligencia y la ortodoxia, controlando, además, los principales focos de poder político-económico del país. Después de ello consiguieron transformar sus postulados técnicos en principios políticos, pasando por diferentes regímenes políticos e ideologías. La última fase del proceso era controlar el poder económico privado, y no era tarea excesivamente difícil, puesto que, asumiendo el poder sobre la gestión de los bancos privados, la obra se culminaba. Por esto era tan importante el caso Banesto. Comencé estas páginas afirmando que el objetivo final era integrar a Banesto en el Sistema. No se trataba solo de la importancia relativa que pudiera tener Banesto en el conjunto del sistema económico español. Era necesario destruir un símbolo que pudiera convertirse en una grieta que afectara a todo el modelo de control. Por eso cualquier precio era aceptable. Ahora el modelo está cerrado y el dominio del Sistema sobre la inteligencia, la ortodoxia, la política, el sector público y el llamado sector privado es absoluto. Incluso, además, ejerce su influencia sobre los medios de comunicación social, pero esto último merece un capítulo aparte.

Uno de los asuntos que mayor polémica ha despertado en los últimos años ha sido la decisión de Banesto de invertir en medios de comunicación social. Personalizo en Banesto no porque fuera el único de los bancos privados españoles que hubiera destinado fondos económicos a participar en medios de comunicación, ni siquiera el primero en hacerlo, como tendremos ocasión de comprobar, sino porque su actuación fue la más clara y abierta en este sentido y, dado su posicionamiento en relación con el Sistema, la que podía influir de modo claro en la alteración de las relaciones de poder.

En el momento de mi acceso a la presidencia de Banesto las relaciones entre la banca y los medios de comunicación social eran —o al menos a mí me lo parecían— de pacífica convivencia. Es cierto que habían existido ya algunos intentos de los bancos españoles por controlar medios de comunicación, pero no habían tenido éxito y, en consecuencia, tampoco importancia. En todo caso, no existían cruces accionariales ni se había diseñado estrategia alguna de participación de entidades financieras en el capital de los medios de comunicación más consolidados.

Ante todo debo aclarar que me refiero a medios de comunicación escritos, porque en aquellos momentos la televisión pública ostentaba el monopolio de los audiovisuales y, consiguientemente, las relaciones con los medios controlados por el Gobierno se englobaban en las relaciones banca-poder político sin aparente especialidad en la materia.

Los medios escritos privados se caracterizaban por un dato común: se trataba de empresas familiares, con alto grado de concentración del capital en manos de alguno o varios miembros de una familia que tradicionalmente había sido propietaria del medio. Era el caso de
Abc
y de
La Vanguardia
de modo muy emblemático, ambos controlados accionarialmente por familias españolas que habían sido fundadoras de ambos periódicos con una tradición de largos años.
El País
constituía una excepción, puesto que había nacido al margen del control de una familia y después de una larga lucha por el control accionarial había conseguido formar un cierto núcleo «duro» de accionistas que no estaban unidos por ningún vínculo familiar.

Además de esta estructura familiar, respecto de las empresas periodísticas se predicaba el calificativo de «especiales». Se admitía que se trataba de empresas privadas que debían ser gestionadas con los criterios habituales de toda empresa, pero se introducía ese factor de especialidad que derivaba de la importancia que un medio de comunicación social tiene en la conformación de la opinión pública.

En este sentido, ese atributo de la «especialidad» recordaba el juicio sobre la banca. Ciertamente la banca es una empresa privada, pero la especialidad de incardinarse en el sistema de pagos y recibir el ahorro de millones de personas reclama una tutela especial por parte del Banco de España. En páginas anteriores hemos razonado acerca del alcance y finalidad última de esa «tutela especial». La «especialidad» empresarial de las empresas periodísticas las hacía acreedoras de una atención específica por parte de los poderes públicos, aunque en tiempos de democracia no existía, obviamente, ningún ente público encargado de ejercer especial tutela sobre las mismas. Afortunadamente.

En este contexto, como decía, las relaciones de la banca con los medios de comunicación social escritos y privados era de pacífica convivencia. Ello no quiere decir que no existiera influencia de la banca, sino que esta se manifestaba a través de los canales empresariales ordinarios. Primero y ante todo, la publicidad. Prácticamente todos los medios de comunicación tienen cuentas de explotación deficitarias sin incluir los ingresos derivados de la publicidad. Incluso más: en estos años he podido comprobar hasta qué punto esas cuentas de resultados son sensibles a los ingresos derivados del negocio publicitario, de forma que un descenso notable de los mismos puede colocar en pérdidas al medio de mayor solera, tradición, influencia o nivel de ventas en nuestro país. El arma publicitaria es, por tales razones, de primera magnitud.

Por tanto, dado el volumen de publicidad que los bancos producen por sí mismos y el que generan las empresas en las que la banca ostenta influencia directa o indirecta, no cabe duda de que las entidades financieras ejercían sobre los medios de comunicación social una indudable influencia. Incluso se trató de organizarla de una manera orgánica, creando centros de ventas o compras publicitarias, tratando de aunar el poder de compra de entidades privadas, no solo bancarias, formando de esta manera un grupo de presión económico sobre los medios de indudable envergadura.

Es cierto que esta influencia prácticamente se circunscribía al tipo de tratamiento que los medios daban a las noticias que aparecían sobre el sector. No existía, al menos no profundamente, ningún ensayo de presión sobre los medios en la dirección de una influencia política determinada. Posiblemente porque durante el mandato socialista, y sobre la base de su larga duración temporal y el respeto mítico al poder, la banca se alejaba de influir en cualquier dirección de contenido político de los medios. Es posible que a requerimientos del poder pudiera influir en el tratamiento de algún asunto «de Estado», pero no creo que fuera mucho más allá, aunque, sinceramente, lo ignoro.

En todo caso hay que tener en cuenta que la estructura de capital de las empresas periodísticas familiares no era excesivamente potente y las cuentas de resultados, salvo algunas excepciones, tampoco. En algunas empresas, esta naturaleza familiar, los hábitos heredados o la ausencia de criterios de gestión empresarial en sentido estricto provocaron una debilidad estructural mayor de la que debería corresponder a los volúmenes de ventas y de facturación publicitaria. Por ello la dependencia del crédito para el manejo del negocio era significativa. Dado el papel de la banca como suministrador de fondos a empresas privadas, se comprende que a través de esta función se ejerciera también una indudable influencia. Si por un momento unimos poder publicitario y capacidad de suministrar crédito, podemos entender que esas relaciones de pacífica convivencia, sin menoscabo de la independencia, venían matizadas por una mutua influencia que normalmente se orientaba en la dirección anteriormente dicha.

Pero además de esta relación de pacífica convivencia existía un cierto posicionamiento ideológico que derivaba sobre todo de razones históricas. En 1988 creí percibir desde Banesto una mayor afinidad ideológica de
Abc
con lo que representaban el Banco Central y Banesto, así como una mayor proximidad entre
El País
y
La Vanguardia
con el Bilbao, Vizcaya y Santander. Posiblemente lo primero estuviera fundamentado, sobre todo, en razones históricas de relaciones entre ambos bancos y Prensa Española. Mucho antes de entrar en Banesto fui testigo presencial de la crisis financiera de
Abc
y del comportamiento cicatero de un conjunto de personas que, disponiendo de los medios adecuados para ayudar, se negaban a comprender la importancia que
Abc
tenía dentro del mapa de medios de comunicación social españoles. No estoy seguro del verdadero papel que jugó en este proceso la administración que entonces tenía Banesto, aunque supongo que no especialmente brillante en relación con la importancia y significación del asunto.

Lo segundo seguramente se debía más a posicionamientos ideológicos, de proximidad de las cúpulas directivas de los bancos en cuestión al Gobierno socialista, proximidad que era notoria por parte del Grupo Prisa.

Pero este posicionamiento «ideológico» no se traducía en agresividad de unos medios contra unos bancos y en defensa de otros. Al menos desde fuera, antes de mi llegada a Banesto, yo no lo percibía así. Ciertamente,
El País
mantenía una línea de agresividad con Banesto que un espectador neutral podía percibir como posicionamiento frente a la imagen de dominio de «familias», gerontocracia y falta de modernidad que se atribuían al banco en aquel entonces, independientemente de que determinados rumores ligaran a la dirección de Banesto con supuestas colaboraciones en el fallido golpe del 23 de febrero. Quizá también, según se me dijo, por la ausencia de colaboración por parte de Banesto en la financiación inicial del proyecto de
El País.
Pero salvo en este caso concreto no se producía agresividad sustancial entre medios escritos y banca.

En todo caso siempre me llamó la atención la hostilidad profunda con la que
El País
recibió el intento de Banesto de defenderse de la opa hostil del Banco de Bilbao. La verdad es que en aquellos momentos lo entendía como una consecuencia lógica de las relaciones personales entre el Banco de Bilbao y el Grupo Prisa, así como esa especie de tradicional hostilidad contra Banesto, además de posicionamientos «ideológicos» previos. Obviamente ello afectaba de alguna manera a ese concepto de independencia que se utiliza tan reiteradamente para querer explicar la actuación de un medio de comunicación, pero tampoco le di al asunto mayor trascendencia. Sencillamente acepté que era así y me dispuse a vivir con él. Lo que entonces no percibía era que posiblemente en determinados medios escritos se comenzara a ser consciente del problema del retorno de Banesto a la posición de independencia del Sistema. Ello trasciende, según mi propia experiencia, incluso un correcto y hasta buen nivel de relaciones personales entre máximos dirigentes de medios de comunicación y banca, lo que demuestra que el código del Sistema, al que me refería en páginas anteriores, funciona.

Tenemos, por tanto, unos medios de comunicación escritos, integrados por empresas «especiales» de naturaleza sustancialmente familiar, con tradición de fundadores, con la excepción de
El País,
dependientes en gran medida de los ingresos publicitarios y con una base de capital no excesiva que provocaba la necesidad de atender con especial cuidado al suministro de fondos que proviene de la banca. Este mapa comienza a sufrir alteraciones como consecuencia de un hecho: el concurso de los canales privados de televisión.

Admito que no conozco en profundidad el proceso político que existió detrás de la decisión de instaurar las televisiones privadas. Curiosamente, uno de los cargos políticos que rechacé en mi vida fue el que me ofreció Matías Rodríguez Inciarte, ministro de la Presidencia con UCD. Su cometido hacía referencia, precisamente, al régimen jurídico de las televisiones privadas. Quizá si hubiera aceptado aquel ofrecimiento mi vida hubiera discurrido por senderos distintos a los de la banca, pero en todo caso es una pura anécdota. Lo cierto es que desconozco, como decía, cuál fue el proceso político que se desarrolló paralelamente al jurídico referente al hecho capital de la aparición de televisiones privadas en nuestro país, pero mi experiencia ulterior en medios de comunicación me hace pensar que ese proceso existió y que debió de ser muy potente para evitar un descontrol respecto del Gobierno de unos medios de comunicación tan esenciales como son los canales de televisión privados.

Mi experiencia personal comienza con el agrupamiento de posibles concesionarios de esos canales. Cualquiera que sea el juicio jurídico que merezca el proceso seguido, lo cierto es que el llamado «canal de pago» estaba adjudicado de antemano al Grupo Prisa. Los otros dos canales tenían tres oferentes: Telecinco, de la mano de Berlusconi, a quien se le atribuían buenas relaciones con el Gobierno socialista español, precisamente por sus conexiones con el Partido Socialista Italiano; Antena 3, de la mano del editor de
La Vanguardia,
y el proyecto liderado por Antonio Asensio, editor del Grupo Zeta.

Quizá en aquellos momentos fuera muy prematuro decir que entre los editores existía una clara conciencia de caminar hacia la constitución de grupos multimedia, pero algo sí parecía ya evidente: el negocio de la comunicación reclamaba capitales. Las cifras de inversión en los canales de televisión privados ascendían a decenas de miles de millones de pesetas y ni por tamaño, ni por capitalización, ni por tradición las empresas periodísticas de medios escritos disponían de esas cantidades de dinero. De esta manera no existían más que dos opciones: o quedarse fuera del negocio de la televisión privada o buscar socios capitalistas aliados.