Cuando éramos honrados mercenarios (20 page)

Así que, aunque no sirva para un carajo, hoy quiero reivindicar mi derecho ciudadano a ser detenido e identificado en carretera cuando meta la gamba. Es más. Exijo que, una vez hecho el retrato de atentos al pajarito, una dotación de picoletos me corte el paso con la autoridad debida, me haga aparcar en el arcén con gesto enérgico, y tras afearme la conducta –se ha pasado varios pueblos, etcétera–, el guardia Sánchez me haga firmar la papeleta correspondiente mientras el cabo Martínez mueve la cabeza y dice, reprobador: «Debería darle vergüenza, señor Reverte». Más aún. En caso de que se me cruce el cable, y decida no parar y seguir a toda pastilla esquivando el control –que igual ese día me da por ahí–, reclamo mi derecho constitucional a ser perseguido por la Benemérita como Dios manda, con pirulos de destellos azules y sirenas de ordenanza, pi-po, pi-po, pi-po, derrapando en las curvas y todo eso, hasta ser reducido, identificado, esposado y puesto a disposición del juez Garzón, del juez Grande Marlaska o del juez que sea. Uno paga lo que haga falta, que para eso estamos. Y más, mereciendo la multa o lo que corresponda. Pero puestos a que te la endiñen, por lo menos que sean guardias de carne y hueso, rediós. No una puta máquina.

El Semanal, 26 Noviembre 2006

A los españoles nos destrozaron la vida reyes, aristócratas, curas y generales. Bajo su dominio discurrimos dando bandazos, de miseria en miseria y de navajazo en navajazo, a causa de la incultura y la brutalidad que impusieron unos y otros. Para ellos sólo fuimos carne de cañón, rebaño listo para el matadero o el paredón según las necesidades de cada momento. Situación a la que en absoluto fuimos ajenos, pues aquí nunca hubo inocentes. Nuestros reyes, nuestros curas y nuestros generales eran de la misma madre que nos parió. Españoles, a fin de cuentas, con corona, sotana o espada. Y todos, incluso los peores, murieron en la cama. Cada pueblo merece la historia y los gobernantes que tiene.

Ciertas cosas no han cambiado. Pasó el tiempo en que los reyes nos esquilmaban, los curas regían la vida familiar y social, y los generales nos hacían marcar el paso. Ahora vivimos en democracia. Pero sigue siendo el nuestro un esperpento fiel a las tradiciones. Contaminada de nosotros mismos, la democracia española es incompleta y sectaria. Ignora el respeto por el adversario; y la incultura, la ruindad insolidaria, la demagogia y la estupidez envenenan cuanto de noble hay en la vieja palabra. Seguimos siendo tan fieles a lo que somos, que a falta de reyes que nos desgobiernen, de curas que nos quemen o rijan nuestra vida, de generales que prohíban libros y nos fusilen al amanecer, hemos sabido dotarnos de una nueva casta que, acomodándola al tiempo en que vivimos, mantiene viva la vieja costumbre de chuparnos la sangre. Nos muerden los mismos perros infames, aunque con distintos nombres y collares. Si antes eran otros quienes fabricaban a su medida una España donde medrar y gobernar, hoy es la clase política la que ha ido organizándose el cortijo, transformándolo a su imagen y semejanza, según sus necesidades, sus ambiciones, sus bellacos pasteleos. Ésa es la nueva aristocracia española, encantada, además, de haberse conocido. No hay más que verlos con sus corbatas fosforito y su sonriente desvergüenza a mano derecha, con su inane gravedad de tontos solemnes a mano izquierda, con su ruin y bajuno descaro los nacionalistas, con su alelado vaivén mercenario los demás, siempre a ver cómo ponen la mano y lo que cae. Sin rubor y sin tasa.

En España, la de político debe de ser una de las escasas profesiones para la que no hace falta tener el bachillerato. Se pone de manifiesto en el continuo rizar el rizo, legislatura tras legislatura, de la mala educación, la ausencia de maneras y el desconocimiento de los principios elementales de la gramática, la sintaxis, los ciudadanos y ciudadanas, el lenguaje sexista o no sexista, la memoria histórica, la economía, el derecho, la ciencia, la diplomacia. Y encima de cantamañas, chulos. Osan pedir cuentas a la Justicia, a la Real Academia Española o a la de la Historia, a cualquier institución sabia, respetable y necesaria, por no plegarse a sus oportunismos, enjuagues y demagogias. Vivimos en pleno disparate. Cualquier paleto mierdecilla, cualquier leguleyo marrullero, son capaces de llevárselo todo por delante por un voto o una legislatura. Saben que nadie pide cuentas. Se atreven a todo porque todo lo ignoran, y porque le han cogido el tranquillo a la impunidad en este país miserable, cobarde, que nada exige a sus políticos pues nada se exige a sí mismo.

Nos han tomado perfectas las medidas, porque la incultura, la cobardía y la estupidez no están reñidas con la astucia. Hay imbéciles analfabetos con disposición natural a medrar y a sobrevivir, para quienes esta torpe y acomplejada España es el paraíso. Y así, tras la añada de políticos admirables que tanta esperanza nos dieron, ha tomado el relevo esta generación de trileros profesionales que no vivieron el franquismo, la clandestinidad ni la Transición, mediocres funcionarios de partido que tampoco han trabajado en su vida, ni tienen intención de hacerlo. Gente sin el menor vínculo con el mundo real que hay más allá de las siglas que los cobijan, autistas profesionales que sólo frecuentan a compadres y cómplices, nutriéndose de ellos y entre ellos. Salvo algunas escasas y dignísimas excepciones, la democracia española está infestada de una gentuza que en otros países o circunstancias jamás habría puesto sus sucias manos en el manejo de presupuestos o en la redacción de un estatuto. Pero ahí están ellos: oportunistas aupados por el negocio del pelotazo autonómico, poceros de la política. Los nuevos amos de España.

El Semanal, 03 Diciembre 2006

Aburre el pimpampúm que se traen algunos tontos –y tontas– del ciruelo con la Real Academia Española, a la que ciertos colectivos, o quienes dicen representarlos, se empeñan en contaminar con la demagogia que tanto renta en política. Dispuestos a imponer sus puntos de vista, impacientes por asegurarse el sostén de una terminología cómplice, algunos ponen el carro delante de los bueyes. En vez de asumir que todo lenguaje es sedimento de siglos y consecuencia de los usos, costumbres e ideologías de una sociedad en evolución, y que es ésta la que poco a poco adopta unos usos y rechaza otros, exigen, por las bravas, que sea el lenguaje violentado, artificial, politizado y manipulado según el interés de cada cual, el que condicione y transforme la realidad social.

Lo malo, e imposible, es que ni siquiera lo pretenden poco a poco, sino en el acto. De un día para otro. Como olvidan, o ignoran, que un lenguaje se hace con la lenta y prolija sedimentación de muchos siglos y hablas, creen poder transformarlo por las buenas, a su antojo, en un año o dos. Por eso presionan de continuo para que instituciones respetables y respetadas, mucho más sabias, doctas y solventes que ellos, asuman sin resistencia tales disparates, a ser posible antes de esta o aquella elección, o para tal y cual próxima legislatura. Y como la osadía hace buenas migas con la ignorancia, no falta ocasión en que alguno de tales bobos indocumentados se atreva a afirmar en público que la RAE es una institución reaccionaria y conservadora, que el diccionario no se ha plegado a sus sugerencias, etcétera.

El proceso se repite, rutinario. Una asociación determinada, el Gobierno o quien sea, consulta a la Real Academia Española si es correcto esto o lo otro. Y la Academia responde, tras estudiarlo sus especialistas, con la autoridad de trescientos años al cuidado de una lengua que tiene once siglos de existencia –más antigua que el francés y el inglés– y proviene del latín que se hablaba en la península ibérica. Como rara vez una consulta motivada por puntuales razones políticas es compatible con la realidad y la tradición lingüística, a menudo el dictamen académico desaconseja tal o cual uso, por incorrecto o absurdo. Pero como lo que suele pedirse a la Docta Casa es respaldo político y no sabiduría, el siguiente acto consiste en una declaración de la asociación, grupo o gremio correspondiente, deplorando el inmovilismo y falta de adecuación a los tiempos modernos de la RAE, que no traga. Y si de una ley o estatuto se trata, el resultado es que los redactores hacen caso omiso de lo que documentada y detalladamente opina la Academia. Prueba ésta de que nadie espera consejo, sino aplauso.

Por ejemplo: «La Academia suele ir por detrás. Es una institución que se mueve lentamente». Eso acaba de manifestar un grupo de derechos homosexuales, lamentando que en el Diccionario Esencial la palabra matrimonio no recoja todavía la unión de dos personas del mismo sexo. Pero es que ésa es precisamente la misión de la Academia: ir detrás y despacio, con el sensato criterio de que sólo palabras con cinco años de uso probado y general tienen solvencia. Conviene saber, además, que hay académicos de la RAE que son homosexuales y recomiendan, como sus compañeros, esperar a que la sociedad hispanohablante –que no sólo es la española…– utilice de forma generalizada, si procede, la nueva y aún poco extendida acepción; pues, pese a lo que algunos querrían, una academia y un diccionario no están sometidos a parlamentos, gobiernos o leyes, sino al uso real de la lengua, como bien demostró la RAE durante el franquismo. Tampoco está de más recordar que las veintidós academias que hacen el diccionario –española, americanas y filipina– coincidieron en que la expresión matrimonio homosexual contiene una contradicción etimológica de la que se informó al Gobierno de España, a petición de éste, cuando redactaba la correspondiente ley. Informe al que, por supuesto, el citado Gobierno no hizo puñetero caso; como tampoco lo hizo cuando, tras consultar sobre la incorrecta violencia de género y proponer la Academia violencia de sexo, violencia contra la mujer o violencia doméstica, cedió a las presiones feministas, imponiendo un disparate lingüístico en el enunciado de esa otra ley. Aunque en materia de disparates, el premio Tonto del Haba del Año lo gana siempre la Junta de Andalucía, especialista en aberraciones antológicas. Y como se acaba la página, de eso hablaremos la semana que viene.

El Semanal, 10 Diciembre 2006

Les hablaba la semana pasada de cómo una jábega de cantamañanas se pasa por el forro, cuando le conviene, el criterio de la Real Academia Española, imponiendo la corrección política sobre la corrección lingüística. Cada vez que un presunto padre de cualquiera de nuestras muchas patrias o un portavoz de colectivo equis o zeta se ve rebatido en sus monipodios y enjuagues lingüísticos, pone el grito en el cielo diciendo que la Real Academia Española no va al ritmo de los tiempos, que es machista, homófoba y etcétera. Tales soplacirios creen que un diccionario es un mercadillo donde todos pueden trapichear a su aire, de cara al voto tal o la legislatura cual; y que tanto la RAE como la lengua que cuida y registra en su instrumento principal están sujetas a las decisiones de los parlamentos, las leyes o los gobiernos de turno. Pero no es así.

Hace meses, el Parlamento de Galicia exigió al Gobierno la eliminación en el DRAE de algunas variantes peyorativas, usuales en El Salvador y Costa Rica, de la voz gallego. Cuando la Academia respondió que el diccionario no quita o pone variantes, sino que registra el uso real de las palabras en el habla viva de todos los hispanoparlantes, algunos bobos insignes pusieron el grito en el cielo, cual si la RAE fuese responsable de lo que han determinado el tiempo, el uso y las circunstancias históricas, y todo pudiera cambiarse sin más trámite, borrándolo. Poner tal o cual marca, matizar un empleo peyorativo o desusado, omitirlo en un diccionario resumido o esencial, es posible. Eliminarlo del diccionario general, nunca. Sería como quitar las palabras de Cervantes o Quevedo porque, en el contexto de su época, hablaban mal de moros y judíos. También las palabras tienen su propia vida e historia.

Pero, por más que se explique, seguirá ocurriendo. Esta España ombliguera y absurda, envilecida por el más difícil todavía de la cochina política, olvida que una lengua sólo está sometida a sí misma, al conjunto de quienes la hablan y a las gramáticas, ortografías y diccionarios que, elaborados por lingüistas, lexicógrafos y autoridades, la fijan y registran de modo notarial. En contra de lo que algunos suponen, la RAE no crea ni moderniza, sino que estudia y administra la realidad de nuestra lengua con el magisterio de muchos siglos de autoridades y cultura. Y ojo: no es sólo una Academia, sino veintidós instituciones hermanas en España, América y Filipinas, las que cuidan de que esa lengua siga viva y compartida por la extensa comunidad hispana; donde los españoles, por cierto, sólo representamos la décima parte. Consideren el despropósito de quienes pretenden que la ocurrencia coyuntural de un concejal nacionalista de Sigüenza, de una parlamentaria feminista murciana, de un ministro semianalfabeto o de la federación de taxistas gays y lesbianas de Melilla, por muchos parlamentos o gobiernos que la respalden y eleven a rango de ley, sea recogida en el siguiente diccionario y adoptada en el acto por todos quienes hablan y escriben en español. Que España sea un continuo disparate no significa que quinientos millones de hispanohablantes también estén dispuestos a volverse gilipollas.

De todas formas, en eso del disparate mis ídolos son los asesores lingüísticos de la Junta de Andalucía; sin duda la comunidad autónoma que con más entusiasmo practica la farfolla parlanchina. Cualquier lectura de su boletín oficial depara momentos hilarantes, e incluso laxantes. Muy recomendable, si a uno le gusta pasar buenos ratos echando pan a los patos. La última perla corresponde al flamante Estatuto andaluz. Después de consultar con la RAE la oportunidad de utilizar lo de «diputados y diputadas, senadores y senadoras, presidente y presidenta, aceituneros y aceituneras altivos y altivas» y todo eso, y recibir un detallado informe de por qué, además de una imbecilidad, es incorrecto e innecesario –el uso del masculino genérico no responde a discriminación ninguna, sino a la ley lingüística de la economía expresiva–, la comisión constitucional del Congreso de los Diputados y la delegación de parlamentarios andaluces han decidido, naturalmente, prescindir del dictamen académico, por no ajustarse éste al tonillo demagógico que le buscan a la cosa. Y ahí tienen a la Junta de Andalucía, impasible el ademán, dispuesta a cambiar una vez más, por su cuenta y por la cara, la lengua común que veinte siglos de cultura e historia han dado a quinientos millones de personas. Ele. Por la gloria de su madre. Y de su padre.