Indecentes (20 page)

Al llegar casi al último tramo de su presentación, el presidente subraya la necesidad de seguir reduciendo el déficit fiscal. Y entonces suelta la bomba.

«Precisamente», explica, «como entiendo que esta es una decisión estratégica de calado, estructural y no coyuntural, deberíamos estar en condiciones de trasladarla a nuestra Constitución, como están haciendo o planteándose hacer otras grandes economías europeas. Señorías, se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las administraciones públicas. Nada mejor para ello que hacerlo a partir de una iniciativa parlamentaria. He consultado ya la posibilidad de formalizar esta iniciativa con el líder del principal partido de la oposición y con el candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Es factible llegar a ese acuerdo de reforma constitucional e invito a los dos grupos mayoritarios y a los demás grupos de la cámara a que lo concreten en una proposición de ley de reforma que pudiera ser aprobada de inmediato».

Por supuesto, dado que Rodríguez Zapatero elabora esta propuesta presionado por el temor al rescate y dado que el destinatario de la misma es el BCE, la idea de someter la reforma a un referéndum constitucional es excluida por definición. Sería, en efecto, tal como lo analiza el presidente, peor el remedio que la enfermedad.

Rajoy reivindica la paternidad de la idea, dice que la situación de la deuda conoce un alivio por la compra de deuda del BCE pero, tal como le informa el presidente en la conversación telefónica del lunes, el riesgo de una intervención está en el aire. «Desgraciadamente cuando suenan truenos suelen caer rayos», dice.

Y como el presidente nada le ha dicho sobre la carta del BCE del viernes 5 de agosto, Rajoy, que ya ha conseguido la carta y ha compartido su contenido con Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, su candidato personal a próximo ministro de Economía, ataca. «¿Podría informar el presidente si ha recibido alguna carta de esta institución en las últimas fechas coincidiendo con la compra de deuda española? Porque si la ha recibido convendría que informara a esta Cámara de su contenido, y yo espero que en su siguiente intervención me pueda decir algo, no a mí sino a esta Cámara que representa la soberanía nacional, sobre el contenido de la carta del Banco Central Europeo».

El presidente insiste durante su segunda intervención en que España ya tiene «tradición democrática suficiente para que la reforma de la Constitución sea algo relativamente frecuente y se hace con naturalidad, como en otros países».

Con todo, no oculta el carácter de recurso de la propuesta, su rabioso sentido instrumental. «Todos sabemos que no va a arreglar —ojalá— el problema del paro ni la crisis que tenemos, pero es una buena señal en el buen camino».

Y guarda silencio sobre la carta del BCE por la cual pregunta el líder de la oposición.

Pero Rajoy no desiste. «Le hice una pregunta porque es usted el que puede responderla; tanto yo como el resto de las señoras y señores diputados tienen derecho a saber. La pregunta es: cuando el BCE comenzó a comprar deuda pública española, ¿le remitió a usted o a algún ministro del Gobierno una carta?, ¿nos puede decir si se la remitió o no y cuál es su contenido? Yo entiendo que si usted no me responde a esa pregunta es que no nos ha remitido —al Gobierno de España— ninguna carta. Quiero que me lo responda, señor presidente del Gobierno». Rajoy ya conoce el contenido de la carta. Sabe que va dirigida al «estimado primer ministro».

En su duplica, Rodríguez Zapatero vuelve a mantener silencio.

La carta ya es la hoja de ruta para el equipo de Rajoy en la sombra, cuya tarea urgente es preparar la nueva reforma del mercado de trabajo y el cambio de la negociación colectiva que el próximo Gobierno del PP pretende exhibir como bautismo de fuego en tiempo récord.

Esa tarde, Rubalcaba ofrece su explicación. «He hablado en diferentes ocasiones con el presidente sobre la reforma constitucional. Me convenció anoche cuando me dijo que tenía un acuerdo con el señor Rajoy. Entonces pensé que un gran acuerdo entre PP, PSOE y el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos», justifica. La procesión va por dentro. Piensa, en realidad, que el acuerdo lava la cara al PP en el último minuto de una legislatura abreviada, que es la amnistía a una conducta que a lo largo de la crisis ha rechazado apoyar reformas que incluso forman parte de su acervo neoliberal en función de su estrategia de «al enemigo ni agua».

Taguas, mientras tanto, recibe por la tarde una llamada telefónica del joven diputado por Madrid, Pedro Sánchez, miembro del Comité Federal del PSOE. Quiere conocer el significado de la reforma y el alcance de la misma. Busca ilustrarse. Taguas le explica que el fortalecimiento de la regla de gasto a través de su incorporación a la Carta Magna permite recuperar la confianza en un momento de gran incertidumbre y que no ve ninguna contradicción entre la norma y una política progresista, ya que no se trata de una regla de déficit cero, sino que otorga margen de maniobra a la política fiscal en situaciones de crisis o recesión.

Sobre las nueve de la noche, es Miguel Sebastián quien le espera al otro lado del teléfono. —David, ya han descubierto quién es el que está detrás de la reforma. Dicen que eres tú.

Taguas marca el número de Pedro Sánchez.

—Hola, Pedro, solo quería decirte que cuando hables con Alfredo [Pérez Rubalcaba] dile que felicite a Elena Salgado. ¡Lo que ha hecho con esta reforma tiene un mérito de la hostia! Díselo, anda.

Unas horas más tarde, la voz de Sebastián tranquiliza a Taguas. —Oye, no sé que has hecho, pero ha desaparecido la atención sobre ti.

El paquete de consolidación fiscal de 5.000 millones exigido por el BCE es adoptado. La reforma constitucional no solicitada por el BCE, pero ya propuesta oficialmente por Sarkozy y Merkel a Bruselas, está en marcha en el Congreso, para su aprobación el 2 de septiembre de 2011. Queda, pues, la respuesta a las condiciones exigidas en el capítulo del mercado de trabajo.

El consejo de ministros del 26 de agosto paga, como puede, esa letra.

Entre las medidas, se resuelve, tal como pide el BCE, suspender la norma que impide renovar contratos temporales más allá de los dos años. Según el Estatuto de los Trabajadores, artículo 15.5, aquellos que en un plazo de treinta meses son contratados durante más de dos años pasan automáticamente a la condición de fijos. El Gobierno fortalece, incluso, esta norma en su reforma laboral de 2010. Ahora da un paso atrás. Hasta 2013, las empresas pueden seguir encadenando contratos temporales indefinidamente. El Decreto Ley aprobado deja, pues, en suspenso durante dos años, el artículo 15.5. La CEO E obtiene así una reivindicación de años. Gracias a la presión del BCE. La justificación, lógicamente, es diferente. «Preferimos tener un trabajador temporal antes que un parado», explica el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en la rueda del consejo de ministros. Esta filosofía se usa también para modificar los contratos de formación y aprendizaje. Se amplía el contrato de formación, para personas de hasta 30 años, que contempla un periodo de tiempo en aprendizaje del 20 por ciento, pagando el salario mínimo. Al cabo de dos años, las empresas reciben subsidios por la contratación de tales personas. El Gobierno deja fuera de este paquete la flexibilización de contrato a tiempo parcial, que viene negociando con sindicatos y patronal. Ya es demasiado. Intenta compensar las nuevas medidas con la prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados sin prestación social, vencida el 16 de agosto de 2011.

Consejo de ministros posterior al lanzamiento de la bomba de la reforma. El presidente no consulta antes con sus ministros, pero ahora que la reforma ya está en marcha, justifica la decisión por la gravedad de la situación, que ha retrotraído a España al vía crucis de mayo de 2010. Justifica la rapidez y el secretismo de su actuación. Acto seguido se analiza el texto definitivo del artículo 135 acordado por el PSOE y el PP la noche anterior, del 25 al 26 de agosto. El presidente aclara que se ha pactado palabra por palabra. En la redacción han intervenido, por los socialistas, Rubalcaba, sus colaboradores y funcionarios de La Moncloa.

Miguel Sebastián, al leer el texto, se sorprende.

—Presidente, esto está mal —dice el ministro.

—¿En qué sentido?

—Sí, es un error. Porque cuando hablamos de déficit estructural estamos diciendo que excluimos, precisamente, las variaciones cíclicas de la economía. Esto lo dejamos fuera. Por tanto, no es posible poner entre las excepciones, como dice aquí, que el objetivo de déficit estructural se puede superar en caso de recesión económica. Es independiente del ciclo económico. Por eso resulta confuso tal como está redactado.

El presidente no disimula su perplejidad.

—El ministro tiene razón —señala Valeriano Gómez—. Es una contradicción en sus términos. Una cosa es el déficit estructural y otra el déficit cíclico. El estructural solo refleja las decisiones sobre gasto e ingresos públicos.

—Pero aquí no se puede cambiar ni una coma —aclara preocupado el presidente.

—A mí me parece que siendo conceptualmente un error tampoco creo que debamos cambiarlo. Yo diría que esta excepción de la recesión nos da un poco más de margen de actuación —sugiere Gómez.

Miguel Sebastián no pone reparos. Elena Salgado, que interviene muy poco, se acerca a la salida de la reunión a Sebastián. —Huy, huy Miguel, si hubieses visto el texto original, era todavía peor.

Más tarde, sin salir de su asombro, Sebastián llama a David Taguas, el primero en abrirle los ojos sobre la reforma constitucional.

—Oye, David, el texto que han aprobado tiene un error básico. Dice que se puede superar el tope de déficit estructural en el caso de recesión. Se lo he aclarado al presidente, pero no sé, parecía muy sorprendido.

—No, claro, no puede ser. La regla es independiente de la fase del ciclo en que se encuentra la economía. ¿Y lo habéis corregido?

—No, queda igual, porque se había pactado ya con el PP.

El remate del nuevo plan de
autosalvación,
pues, es la reforma constitucional del déficit pactada por el PSO E y el PP pasada la medianoche del 2 al 26 de agosto. Ambos partidos acuerdan dejar las cifras fuera del texto del nuevo artículo 135 para ser desarrollados por una Ley Orgánica a aprobar el 30 de junio de 2012 como muy tarde. El 2 de septiembre, las Cortes votan la regla fiscal.

«El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros», reza el artículo 2. El número 3 establece que «el Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito». Y en un claro mensaje de garantía a los inversores añade: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión».

No solo se limita el déficit sino que se incorpora a la Constitución el tope del 60 por ciento de la deuda pública en relación con el PIB al referirse a Maastricht. «El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

Y finalmente las excepciones del artículo 4: «Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».

El acuerdo establece que el límite del déficit estructural a incorporar en una Ley Orgánica será de 0,26 por ciento para el Estado y del 0,14 para las Comunidades Autónomas así como el déficit cero para las Corporaciones Locales. El objetivo queda para el año 2020.

La aprobación de esta reforma anticipa la entronización de facto del Gobierno del PP en España antes de las elecciones generales del 20 de noviembre. «Es una de las principales reformas estructurales que necesita la economía española» dice Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria del partido Popular. Ya parece la vicepresidenta del Gobierno.

Lewis Carroll,
Alicia a través del espejo

En el año 2004, a la edad de 94 años, dos años antes de su muerte en 2006, el economista norteamericano de origen canadiense John Kenneth Galbraith escribe su última obra. Se trata de un texto que titula
La economía del fraude inocente.
Aquí describe una serie de dogmas asumidos como verdades científicas por economistas de prestigiosas universidades, medios de comunicación y gran parte de los políticos de todos los países. Al utilizar el concepto legal de «presunción de inocencia», sugiere que los autores del fraude no solo cometen un error sino que, incluso, carecen de la capacidad suficiente para discernir lo que realmente hacen. Es posible que Galbraith sea deliberadamente candido e ingenuo. José Luis Rodríguez Zapatero antes y ahora Mariano Rajoy van unidos de la mano en lo que se podría llamar la crónica del fracaso anunciado de la política para salir de la crisis, iniciada por uno y continuada por el otro.