Por qué fracasan los países (30 page)

 

Estos monopolios, y muchos otros, daban a los individuos o a los grupos el derecho único a controlar la producción de muchos productos, e impedían el tipo de asignación de talento que es tan crucial para la prosperidad económica.

Tanto Jacobo I como su hijo y sucesor Carlos I aspiraban a reforzar la monarquía, reducir la influencia del Parlamento y establecer instituciones absolutistas parecidas a las que en España y Francia ampliaban el control de la economía, haciendo que las instituciones fueran más extractivas. El conflicto entre Jacobo I y el Parlamento llegó a su punto álgido en la segunda década del siglo
XVII
. En este conflicto, era crucial el control del comercio, tanto en el extranjero como dentro de las islas Británicas. La capacidad de la Corona para conceder monopolios fue una fuente de ingresos clave para el Estado, y se utilizó con frecuencia como forma de otorgar derechos exclusivos a los partidarios del rey. No es de extrañar que esta institución extractiva que bloqueaba la entrada e inhibía el funcionamiento del mercado también fuera altamente perjudicial para la actividad económica y para los intereses de muchos miembros del Parlamento. En 1623, el Parlamento consiguió una victoria notable al aprobar el Estatuto de los Monopolios, que prohibía al rey Jacobo I crear nuevos monopolios nacionales. Todavía sería capaz de conceder monopolios sobre el comercio internacional. Sin embargo, como la autoridad del Parlamento no llegaba hasta los asuntos internacionales, los monopolios existentes, internacionales o de otro tipo, no cambiaron.

El Parlamento no se reunía regularmente y la sesión tenía que ser convocada por el rey. Pero tras la Carta Magna se acordó que el rey debía convocar al Parlamento para lograr la aprobación de los nuevos impuestos. Carlos I llegó al tronó en 1625, se negó a convocar al Parlamento después de 1629 e intensificó los esfuerzos de Jacobo I para construir un régimen absolutista más sólido. Fue responsable de los préstamos forzosos, lo que significaba que el pueblo debía «prestarle» dinero y después él, unilateralmente, cambiaba las condiciones de dichos préstamos y se negaba a pagar sus deudas. Creó y vendió Monopolios en la única dimensión que el Estatuto de los monopolios le había dejado: las aventuras comerciales de ultramar. Además, redujo la independencia del poder judicial e intentó intervenir para influir en el resultado de las causas judiciales. Impuso múltiples multas y cargas, la más polémica de las cuales fue el «dinero para la navegación» de 1634, un impuesto que debían pagar los condados costeros para apoyar a la marina real y que, en 1635, empezaron a pagar también los condados del interior. Fue recaudado todos los años hasta 1640.

El comportamiento absolutista y las políticas extractivas crecientes de Carlos I crearon resentimiento y resistencia por todo el país. En 1640, se enfrentó al conflicto con Escocia y, al no tener suficiente dinero para formar un ejército, se vio obligado a convocar al Parlamento para pedir más impuestos. El denominado «Parlamento corto» solamente se reunió durante tres semanas. Los parlamentarios que llegaron a Londres se negaron a hablar de impuestos, y plantearon muchas quejas, hasta que Carlos los desconvocó. Los escoceses se dieron cuenta de que Carlos I no contaba con el apoyo de la nación, así que invadieron Inglaterra y ocuparon la ciudad de Newcastle. Carlos I inició negociaciones y los escoceses exigieron que se implicara el Parlamento. Aquello hizo que Carlos I convocara lo que se llegó a conocer como el Parlamento largo, ya que continuó reuniéndose hasta 1648, y se negó a disolverse incluso cuando Carlos I lo exigió.

En 1642, estalló la guerra civil entre Carlos I y el Parlamento, aunque muchos miembros de éste apoyaban a la Corona. El patrón de los conflictos reflejaba la lucha por las instituciones económicas y políticas. El Parlamento quería poner fin a las instituciones políticas absolutistas, mientras que el rey quería reforzarlas. Aquellos conflictos tenían su origen en la economía, y muchos apoyaban a la Corona porque ésta les había concedido monopolios lucrativos. Por ejemplo, los monopolios locales controlados por los mercaderes ricos y poderosos de Shrewsbury y Oswestry estaban protegidos por la Corona de la competencia de los mercaderes de Londres. Aquéllos se pusieron del lado de Carlos I. Por otra parte, la industria metalúrgica había florecido alrededor de Birmingham porque los monopolios eran débiles allí y los recién llegados a la industria no tenían que trabajar siete años como aprendices, como sucedía en otros lugares del país. Durante la guerra civil, hacían espadas y aportaron voluntarios para el lado parlamentario. De forma similar, la falta de regulación de los gremios en el condado de Lancashire permitió el desarrollo, antes de 1640, de los «nuevos paños», un estilo nuevo de tejido más ligero. La zona en la que se concentraba la producción de este tejido era la única parte de Lancashire que apoyaba al Parlamento.

Dirigidos por Oliver Cromwell, los parlamentarios (conocidos como
roundheads
, cabezas redondas, por el estilo de su peinado) derrotaron a los monárquicos, conocidos como
cavaliers
. Carlos I fue enjuiciado y ejecutado en 1649. Sin embargo, ni su derrota ni la abolición de la monarquía dieron como resultado instituciones inclusivas. La monarquía fue sustituida por la dictadura de Oliver Cromwell y, tras la muerte de éste, fue restaurada en 1660 y recuperó muchos de los privilegios que le habían arrebatado en 1649. El hijo de Carlos I, Carlos II, fijó entonces el mismo programa de creación del absolutismo en Inglaterra. Estos intentos se intensificaron cuando su hermano Jacobo II ascendió al trono tras la muerte de Carlos II en 1685. En 1688, el intento de Jacobo II de restablecer el absolutismo creó otra crisis y una nueva guerra civil. En esta ocasión, el Parlamento estaba más unido y organizado. Invitaron al estatúder
holandés, Guillermo de Orange, y a su esposa, María II, la hija protestante de Jacobo II, a sustituir a Jacobo. Guillermo aportaría un ejército y reclamaría el trono, para gobernar, no como monarca absolutista, sino bajo una monarquía constitucional forjada por el Parlamento. Dos meses después de la llegada de Guillermo a las islas Británicas (véase el mapa 9) en Brixham (Devon), el ejército de Jacobo se desintegró y él huyó a Francia.

 

 

La Revolución gloriosa

 

Tras la victoria de la Revolución gloriosa, el Parlamento y Guillermo de Orange negociaron una nueva Constitución. Los cambios fueron anunciados por la «Declaración» de Guillermo, realizada poco antes de su invasión, y se consagraron en la Declaración de Derechos, redactada por el Parlamento en febrero de 1689. La Declaración fue leída a Guillermo en la misma sesión en la que se le ofreció la Corona. En muchos sentidos, la que se denominaría
Bill of Rights
(Declaración de Derechos) tras su aprobación era vaga. Sin embargo, realmente estableció algunos principios constitucionales fundamentales. Determinó la sucesión al trono de una forma muy distinta a los principios hereditarios que regían en aquel entonces. Si el Parlamento había desbancado a un monarca y lo había sustituido por otro que le gustaba más una vez, ¿por qué no lo iba a hacer de nuevo? La Declaración de Derechos también afirmaba que el monarca no podía suspender leyes ni deshacerse de ellas y reiteraba la ilegalidad de la fiscalidad sin consentimiento parlamentario. Además, afirmaba que no podía haber ejército permanente en Inglaterra sin consentimiento parlamentario. La vaguedad aparecía en cláusulas como la 8, que afirmaban: «La elección de los miembros del Parlamento debe ser libre», pero no especificaba cómo se determinaría que era «libre». Más vaga todavía era la cláusula 13, cuyo punto principal era que el Parlamento debía reunirse con frecuencia. Durante todo aquel siglo, la cuestión de cuándo debía reunirse y si debía hacerlo o no había sido controvertida, así que podrían haber especificado mucho más esta cláusula. No obstante, la razón para este texto vago es evidente. Las cláusulas debían cumplirse. Durante el reinado de Carlos II, estaba en vigor una ley trienal que afirmaba que el Parlamento tenía que ser convocado como mínimo una vez cada tres años. Sin embargo, Carlos hizo caso omiso de la ley, y no pasó nada porque no se había fijado ningún método para imponerla. Después de 1688, el Parlamento podía haber intentado introducir un sistema para imponer esta cláusula, como habían hecho los barones con su consejo después de que el rey Juan firmara la Carta Magna. Pero no lo hicieron porque no lo necesitaron. La razón fue que la autoridad y el poder de tomar decisiones pasaron al Parlamento después de 1688. Incluso sin reglas ni leyes constitucionales específicas, Guillermo sencillamente abandonó muchas de las prácticas de los reyes anteriores. Dejó de interferir en decisiones legales y cedió «derechos» anteriores, como recibir los ingresos de las aduanas de por vida. En general, estos cambios de las instituciones políticas representaron el triunfo del Parlamento sobre el rey y, por lo tanto, el fin del absolutismo en Inglaterra y, posteriormente, en Gran Bretaña (ya que Inglaterra y Escocia se unieron por la Ley de la Unión de 1707). A partir de entonces, el Parlamento ejerció un control firme de la política estatal, lo que supuso una diferencia abismal, ya que los intereses del Parlamento eran muy distintos de los de los reyes Estuardo. Como muchos de los miembros del Parlamento habían hecho importantes inversiones en el comercio y la industria, estaban muy interesados en imponer sus derechos de propiedad. Los Estuardo habían infringido frecuentemente los derechos de propiedad; pero, en adelante, aquellos derechos serían defendidos. Además, cuando los Estuardo controlaban cómo gastaba el dinero el gobierno, el Parlamento se oponía a aumentar los impuestos e impedía que se reforzara el poder del Estado. Ahora que el propio Parlamento controlaba el gasto, se encargaba de aumentar los impuestos y gastar el dinero en actividades que consideraba valiosas. La actividad principal fue el refuerzo de la marina, que protegería los intereses mercantiles de ultramar de muchos de los miembros del Parlamento.

Más importante todavía que el interés de los parlamentarios fue la naturaleza pluralista emergente de las instituciones políticas. En aquel momento, el pueblo inglés tenía acceso al Parlamento, y a las instituciones económicas y la política hechas en éste, de una forma que nunca tuvieron cuando la política estaba dirigida por el rey. Evidentemente, esto era parcial, porque los miembros del Parlamento eran elegidos. Sin embargo, como Inglaterra estaba lejos de ser una democracia en este período, este acceso proporcionaba solamente una respuesta modesta. Entre sus muchas desigualdades estaba que menos del 2 por ciento de la población podía votar en el siglo
XVIII,
y solamente los hombres tenían derecho a hacerlo. Las ciudades en las que tuvo lugar la revolución industrial, Birmingham, Leeds, Mánchester y Sheffield, no tenían representación independiente en el Parlamento. No obstante, las zonas rurales estaban sobrerrepresentadas. También era negativo que el derecho a voto en las zonas rurales, los
counties
, se basaba en la propiedad de la tierra, y muchas zonas urbanas, los
boroughs
(burgos), estaban controladas por una pequeña élite que no permitía que los nuevos industriales votaran ni se presentaran a cargos. Por ejemplo, en el burgo de Buckingham, trece burgueses tenían derecho exclusivo a voto. Además, existían los denominados «burgos podridos», que históricamente habían tenido derecho a votar pero se habían «podrido», ya fuera porque su población se había trasladado con el tiempo o, en el caso de Dunwich, en la costa este de Inglaterra, porque, literalmente, había caído en el océano como resultado de la erosión de la costa. En cada uno de esos burgos podridos, un número reducido de votantes elegía a dos miembros del Parlamento. Old Sarum tenía siete votantes; Dunwich, treinta y dos, y cada uno elegía a dos miembros del Parlamento.

Sin embargo, había otras formas de influir en el Parlamento y, por lo tanto, en las instituciones económicas. La más importante era a través de las peticiones, lo que era mucho más importante que el alcance limitado de la democracia para la aparición del pluralismo tras la Revolución gloriosa. Cualquier persona podía realizar peticiones ante el Parlamento, y se hacían. Lo importante era que, cuando el pueblo realizaba peticiones, el Parlamento escuchaba. Es esto, más que cualquier otra cosa, lo que refleja la derrota del absolutismo, la cesión de poder a un segmento bastante amplio de la sociedad y el aumento del pluralismo en Inglaterra después de 1688. La actividad frenética de peticiones muestra que, de hecho, eran muchos más miembros de la sociedad, mucho más allá que los que se sentaban o eran representados en el Parlamento, los que tenían el poder para influir en el funcionamiento del Estado. Y lo utilizaron.

El caso de los monopolios es el que mejor lo ilustra. Anteriormente, vimos que los monopolios constituían un pilar central de las instituciones económicas extractivas del siglo
XVII
. Fueron atacados en el año 1623 con el Estatuto de los Monopolios y constituyeron un serio motivo de discordia durante la guerra civil inglesa. El «Parlamento largo» abolió todos los monopolios nacionales que tanto afectaban a la vida de las personas. A pesar de que Carlos II y Jacobo II no pudieron volver a imponerlos, consiguieron mantener la capacidad de conceder monopolios en el extranjero. Uno de ellos fue la Royal African Company, cuya carta de monopolio fue emitida por Carlos II en 1660. Esta empresa mantenía un monopolio sobre el lucrativo tráfico de esclavos africanos, y su gobernador y accionista principal era el hermano de Carlos, Jacobo, que pronto se convertiría en Jacobo II. Después de 1688, la Royal African Company no solamente perdió a su director, sino también a su defensor principal. Jacobo había protegido arduamente el monopolio de la empresa contra los «intrusos», los comerciantes independientes que intentaron comprar esclavos en África occidental y venderlos en América. Se trataba de un comercio muy rentable y la Royal African Company se enfrentó a muchas dificultades, ya que todo el resto del comercio inglés en el Atlántico estaba exento de cargas. En 1689, la Royal African Company se quedó con el cargamento de un intruso, de apellido Nightingale. Éste demandó a la compañía por incautación ilegal de bienes y el presidente del tribunal, Holt, consideró que la acción de la Royal African Company había sido ilegal porque había utilizado un derecho de monopolio creado por la prerrogativa real. Holt razonó que los privilegios de monopolio solamente podían crearse mediante estatuto y que esto lo debía hacer el Parlamento. Así que Holt puso todos los monopolios futuros, no solamente la Royal African Company, en manos del Parlamento. Antes de 1688, Jacobo II habría eliminado rápidamente a cualquier juez que hubiera tomado aquella decisión. Pero después de 1688, las cosas eran distintas.